En una democracia republicana, la Fiscalía General debe actuar como el garante de la legalidad e imparcialidad, jamás como el escudo protector del poder de turno ni de las cúpulas judiciales. La reciente actuación del fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, al solicitar formalmente la anulación de la investigación de la Policía Federal (PF) que detectó mensajes entre el ministro del Tribunal Supremo Federal (STF), Alexandre de Moraes, y el exbanquero Daniel Vorcaro, marca un episodio crítico en el paulatino descrédito de las instituciones de procuración de justicia en el país.
La controversia estalló tras levantarse el secreto del informe de la Operación Cumplimiento Cero, relativa al fraude financiero en el Banco Master. Al peritar el teléfono celular de Vorcaro, la Policía Federal interceptó menciones directas no solo al ministro Moraes, sino al propio fiscal general Paulo Gonet. Ante el requerimiento del ponente de la causa, el ministro André Mendonça, para que la Fiscalía se pronunciara sobre estos hallazgos, la respuesta de Gonet no fue respaldar la transparencia ni esclarecer los hechos, sino invocar un rigorismo procedimentalista para sofocar la pesquisa.
Gonet sostuvo que la orden de Mendonça para profundizar la investigación es “nula y sin efecto” por no haber contado con la autorización del pleno del STF ni haber sido tramitada a través del presidente del tribunal, Edson Fachin. Bajo este argumento, cualquier acto de la autoridad policial sin la venia previa de la Fiscalía o del pleno constituiría un exceso de competencia.
Sin embargo, esta postura formalista adolece de una profunda inconsistencia con la realidad procesal del país: Gonet falta a la verdad sobre la praxis del propio tribunal.
Magistrados de la misma Corte Suprema, como Cristiano Zanin o Flávio Dino, han ordenado de manera habitual y directa diligencias a la Policía Federal sin necesidad de pasar por la Presidencia del tribunal ni por el despacho del Fiscal General. La pregunta surge inevitable: ¿por qué los procedimientos expeditos son válidos cuando se dirigen hacia terceros, pero se vuelven repentinamente “ilegales” cuando rozan a un ministro de la Corte Suprema y al propio Fiscal General?
Esta contradicción pone de manifiesto una falta de independencia de una gravedad absoluta. Si Paulo Gonet y Alexandre de Moraes no tienen nada que ocultar en relación con el caso del Banco Master, la actitud republicana exigiría permitir que la Policía Federal ejerza sus facultades de investigación de forma autónoma. Al interponer trabas para anular el trabajo policial, la Fiscalía no despeja las dudas; por el contrario, profundiza las sospechas de un pacto de autoprotección institucional.
Cuando la máxima autoridad del Ministerio Público actúa para bloquear el esclarecimiento de hechos que lo involucran a él y a un alto magistrado, el principio de igualdad ante la ley queda fracturado. ¿A quién protege realmente Paulo Gonet? La respuesta a esa interrogante determinará si Brasil conserva un Estado de derecho funcional o si sus instituciones han sido cooptadas por un corporativismo inmune al escrutinio público, servil a los intereses del Foro de Sao Paulo.
