La Delegación del Gobierno del PSOE en Madrid, apela a un formalismo jurídico para vetar un acto al que iban a asistir Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, mientras el Ayuntamiento de la capital prepara una contundente respuesta.
En una decisión que ha desatado una ola de indignación política y acusaciones de deriva autoritaria, la Delegación del Gobierno en Madrid, bajo las directrices del Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha denegado la autorización para la concentración masiva en apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta. El acto, convocante de una amplia representación social y política que preveía contar con la asistencia de los líderes de la oposición, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, pretendía visibilizar el malestar ciudadano ante la gestión de la crisis migratoria y el percibido abandono del territorio ceutí.
Para justificar el veto, la Delegación ha recurrido a una interpretación restrictiva del derecho administrativo. En el escrito remitido a la junta municipal, el órgano estatal sostiene tajantemente que “ni los alcaldes en tanto que presidentes del Ayuntamiento respectivo, ni éste mismo pueden ser titulares del derecho de reunión”. Con esta maniobra leguleya, el Ejecutivo bloquea de facto la celebración de una protesta constitucionalmente amparada, utilizando las instituciones del Estado como parapeto para evitar el desgaste público.
Un veto político tras la crisis de Ceuta
Diversos sectores de la oposición y de la sociedad civil han calificado la medida como un acto de censura impropio de una democracia plena, señalando el preocupante parecido con las tácticas de acallamiento de la disidencia empleadas por regímenes autoritarios. El trasfondo del bloqueo no es técnico, sino profundamente político: tras el evidente fracaso en las políticas de contención y prevención del Ejecutivo ante la entrada masiva e incontrolada de inmigrantes en Ceuta, la Moncloa ha optado por silenciar la calle.
La perspectiva de una manifestación multitudinaria en el centro de Madrid, capitaneada por los principales referentes del centro-derecha español, amenazaba con exponer de manera inapelable la fragilidad del Gobierno socialcomunista y el malestar de miles de ciudadanos que exigen fronteras seguras y respaldo firme a las fuerzas de seguridad en los pasos fronterizos.
El Ayuntamiento replica al veto
Ante lo que consideran una vulneración frontal de libertades fundamentales y un ataque directo a la autonomía municipal, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid ya trabajan en una respuesta legal. Fuentes del gobierno municipal señalan que no se dejarán amedrentar por lo que califican de “abuso de poder” y estudian vías de recurso urgente para defender tanto el derecho de los madrileños a manifestarse como el apoyo explícito e institucional a los ciudadanos de Ceuta.
La polémica deja al descubierto la creciente tensión entre un Gobierno central acorralado por las consecuencias de sus decisiones geopolíticas y migratorias, y un frente de instituciones y partidos dispuestos a plantar cara a lo que definen como una restricción inaceptable de la libertad de expresión en España.
