España ha pedido a la Comisión Europea que acelere la respuesta comunitaria ante las crisis migratorias y promueva cambios legislativos que permitan agilizar tanto los procedimientos de retorno como los mecanismos de protección internacional cuando se produzcan llegadas masivas y situaciones excepcionales.
La petición fue planteada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante su reunión en Madrid con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner. El encuentro estuvo marcado por las consecuencias de la llegada masiva registrada en Ceuta el pasado 30 de julio y por el debate abierto en Bruselas sobre un nuevo marco europeo para afrontar emergencias migratorias.
Los representantes del Gobierno español abordaron con Brunner las reformas anunciadas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su discurso sobre el Estado de la Unión, en el que planteó la conveniencia de establecer mecanismos comunitarios específicos para responder a episodios migratorios de carácter excepcional.
Madrid rechaza los temores sobre movimientos hacia la península
Uno de los principales asuntos tratados fue la situación posterior a la llegada masiva a Ceuta. Grande-Marlaska rechazó que se esté produciendo un movimiento secundario de migrantes desde la ciudad autónoma hacia la península y calificó esa posibilidad como un riesgo que, según sostuvo, carece de fundamento.
El ministro pidió a la Comisión Europea que transmita esta posición al resto de los Estados miembros con el objetivo de evitar, en sus palabras, la difusión de informaciones que no estén respaldadas por hechos.
Grande-Marlaska defendió además la actuación desplegada por España ante una situación que definió como extraordinaria y sin precedentes en una frontera exterior de la Unión Europea. Según explicó, más del 90% de las personas que llegaron han regresado en un periodo de tiempo especialmente reducido, un nivel de retorno que, afirmó, no tiene precedentes en el ámbito comunitario.
El titular de Interior aseguró que España continuará aplicando las medidas necesarias para impedir movimientos secundarios, gestionar los retornos de quienes accedieron irregularmente a Ceuta y cumplir sus obligaciones en materia de protección internacional conforme al sistema de Dublín.
Bruselas aporta 114,7 millones de euros para reforzar la respuesta
Durante la reunión, Grande-Marlaska y Saiz también agradecieron a la Comisión Europea la aprobación de 114,7 millones de euros en financiación extraordinaria para reforzar la capacidad española de respuesta migratoria.
Los fondos proceden del Fondo de Asilo, Migración e Integración y del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados. Su destino incluye el refuerzo de la capacidad de acogida y triaje en Ceuta y Melilla, así como actuaciones destinadas a reducir el riesgo de nuevas entradas irregulares.
Entre los proyectos contemplados figuran intervenciones en los espigones de Benzú y El Tarajal, en Ceuta, además de la construcción de un Centro de Atención Temporal de Extranjeros en cada una de las dos ciudades autónomas. En conjunto, estas instalaciones aportarían alrededor de 1.600 plazas.
España pretende además que la situación específica de Ceuta y Melilla quede reflejada en el futuro Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para el periodo 2028-2034. El Gobierno sostiene que el reparto de recursos comunitarios debe tener en cuenta la presión que soportan ambas ciudades por su condición de fronteras exteriores de la UE.
Refuerzo de la cooperación con Frontex y Europol
La estrategia española incluye también una mayor coordinación con las agencias europeas encargadas de la gestión fronteriza y de la lucha contra las redes de tráfico de personas.
Grande-Marlaska destacó la continuidad de la Operación Minerva de Frontex, prorrogada hasta finales de diciembre, y la presencia en Ceuta de un representante de Europol especializado en la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes.
El Ministerio del Interior señala que la cooperación con Europol permite reforzar el seguimiento y análisis de las redes sociales utilizadas por las organizaciones dedicadas al tráfico de personas, así como mejorar la identificación y persecución de estas estructuras.
