El Gobierno de Colombia dio un giro a su política sobre el porte de armas de fuego. El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, firmó este martes 8 de septiembre el Decreto 1368, con el que se pone término a la suspensión general que durante años había restringido esta facultad para los ciudadanos.
El Mandatario enfatizó que la decisión no supone una autorización indiscriminada para portar armas, ya que continuarán vigentes los controles, permisos y exigencias establecidos por las autoridades competentes. La medida, explicó, busca modificar un esquema en el que la prohibición general se había convertido en la regla, mientras las estructuras criminales continuaban incrementando ilegalmente su capacidad de fuego.
“Al ciudadano de bien que cumple rigurosamente la ley, garantías dentro de la ley”, sostuvo De La Espriella, al remarcar que el levantamiento de la suspensión no elimina las condiciones legales necesarias para acceder al porte de un arma.
A través de su cuenta oficial en X, el Presidente argumentó que las restricciones habían terminado afectando principalmente a quienes actuaban dentro del marco legal, mientras los grupos armados ilegales mantenían un creciente poderío mediante el tráfico y la tenencia clandestina de armamento.
Las cifras entregadas por el Gobierno buscan respaldar este cambio de enfoque. Entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de 2026, la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estarían relacionadas con la comisión de delitos.
Dentro de ese arsenal decomisado, 980 armas fueron vinculadas a las disidencias de las Farc, 551 al Clan del Golfo y 339 al Eln. El material encontrado en poder de las disidencias incluye además 380 fusiles y 65 morteros de calibre 60 milímetros, antecedentes que el Ejecutivo utiliza para dimensionar la capacidad bélica de las organizaciones que operan al margen de la ley.
Para el Presidente, estos datos evidencian que el principal desafío en materia de seguridad no está en el ciudadano que obtiene un permiso y cumple las normas, sino en las estructuras que utilizan armamento ilegal para desarrollar actividades criminales.
“Ese es el poder de fuego que el Estado tiene que perseguir y destruir”, afirmó el Jefe de Estado, al defender una política que combina el restablecimiento de garantías para quienes cumplen la legislación con una ofensiva contra las organizaciones armadas ilegales.
De La Espriella aseguró que su Gobierno mantendrá como una de sus prioridades el debilitamiento de las capacidades militares y logísticas de los grupos criminales. En esa línea, insistió en que el nuevo escenario no representa una flexibilización frente a las armas ilegales, sino un cambio en la forma de abordar el problema de seguridad.
“Las armas ilegales se las vamos a quitar a los criminales”, afirmó el Mandatario, al sostener que la seguridad del país debe construirse sobre la persecución de quienes portan armamento al margen de la ley y no sobre la restricción generalizada de los ciudadanos que cumplen con las normas.
