El Gobierno de México anunció una ofensiva legal y diplomática para exigir justicia por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos en hechos relacionados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), de los cuales 14 fallecieron mientras permanecían bajo custodia en centros de detención y tres más durante operativos migratorios.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su administración no permanecerá indiferente ante estos casos y aseguró que se agotarán todas las vías legales disponibles para esclarecer las muertes y buscar responsabilidades tanto en territorio estadounidense como a través de instancias internacionales.
La mandataria señaló que, además de brindar acompañamiento a las familias afectadas, el Estado mexicano reforzará la protección consular para los connacionales que enfrenten procesos migratorios, especialmente aquellos que, dijo, se encuentran en Estados Unidos por motivos laborales.
Como parte de esta estrategia, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitará el respaldo de la Fiscalía General de la República para presentar denuncias formales ante fiscalías estatales de Estados Unidos y el Departamento de Justicia, con el propósito de que se investiguen las circunstancias en las que ocurrieron los fallecimientos y se deslinden responsabilidades.
El jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco Álvarez, informó que el registro oficial contempla 17 víctimas mexicanas en incidentes relacionados con ICE. De ese total, 14 perdieron la vida dentro de centros de detención administrados por contratistas privados, mientras que tres fallecieron durante operativos migratorios. Entre estos últimos se encuentra el caso de Lorenzo Salgado Araujo, quien murió el pasado 7 de julio tras recibir disparos de agentes de ICE en Houston, Texas.
Además de las acciones penales, el Gobierno mexicano emprenderá procedimientos civiles contra las empresas privadas responsables de operar los centros de detención donde ocurrieron los decesos. La cancillería enviará notificaciones legales para exigir el cese de prácticas y condiciones que considera contrarias a los derechos humanos y que, sostiene, contribuyeron al fallecimiento de los connacionales.
En el ámbito diplomático, México ha elevado la presión sobre Washington mediante el envío de 11 notas de protesta en las que solicita el esclarecimiento de los hechos. De acuerdo con la SRE, las autoridades estadounidenses han respondido informando que las investigaciones permanecen abiertas.
Paralelamente, el Gobierno mexicano solicitó la intervención de organismos internacionales, entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de dar seguimiento a los casos y fortalecer la vigilancia sobre el respeto a las garantías fundamentales de las personas migrantes.
