La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el chavismo, avanza en la aprobación de una reforma a la Ley contra el Odio que elimina las penas de prisión, pero traslada de forma directa la potestad punitiva al Poder Ejecutivo. Si el texto se aprueba en los mismos términos validados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen, las sanciones por “discursos de odio” dejarán de estar en manos de los jueces para pasar al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
El despacho se encuentra bajo la dirección de Diosdado Cabello, quien hace dos semanas defendió públicamente la vigencia de esta normativa al calificarla como “una necesidad”.
Este movimiento de competencias ocurre mientras sobre Cabello continúa vigente una recompensa de 25 millones de dólares emitida por Estados Unidos, país que lo requiere por presuntos delitos de corrupción violaciones a los derechos humanos y narcotráfico.
El impacto en el Artículo 20: De la cárcel a multas extremas
El cambio central de la reforma recae sobre el artículo 20 de la ley. En su redacción actual, este artículo castiga con 10 a 20 años de prisión a cualquier persona que publique o promueva mensajes de odio, discriminación o violencia.
De acuerdo con la información difundida por La Patilla, la reforma sustituye la pena privativa de libertad por multas en bolívares equivalentes a entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor fijado por el Banco Central de Venezuela (BCV).
Alerta de organizaciones civiles
Ante esta modificación, la ONG Espacio Público advirtió sobre la severidad económica de la medida. Según los cálculos de la organización, las multas equivaldrían a sumas de entre 500 y 10.000 euros, montos que calificaron de “desproporcionados” si se contrastan con la realidad del ingreso mínimo integral que perciben los trabajadores venezolanos.
Especialistas e instituciones defensoras de derechos humanos señalan que, si bien se suprime la figura del encarcelamiento, el cambio de manos en la aplicación de las sanciones —al centralizarse en el Ministerio de Relaciones Interiores— intensifica la discrecionalidad del Estado y añade una carga económica asfixiante para disidentes y ciudadanos.
