La Organización de las Naciones Unidas (ONU) elevó este viernes un enérgico llamado al Estado de Honduras para que investigue de manera pronta, independiente y eficaz la masacre de 20 personas campesinas ocurrida el pasado 21 de mayo en la comunidad de Rigores, en la región del Bajo Aguán, uno de los territorios más conflictivos del país por las disputas agrarias.
El pronunciamiento fue realizado por el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, quien demandó que las autoridades identifiquen y lleven ante la justicia no solo a los autores materiales del crimen, sino también a quienes habrían planificado, ordenado o facilitado el ataque.
De acuerdo con la información disponible, las víctimas —14 hombres, tres mujeres y tres menores de 14, 14 y 17 años— fueron atacadas por hombres armados presuntamente vinculados a estructuras criminales cuando se encontraban reunidas en las cercanías de una iglesia, minutos antes de iniciar su jornada de trabajo.
El experto de Naciones Unidas advirtió que la masacre se produjo en una zona marcada desde hace décadas por conflictos relacionados con la tenencia de la tierra, la expansión de la industria de la palma aceitera y la presencia de organizaciones delictivas, factores que han generado un escenario persistente de violencia contra comunidades campesinas.
Además de exigir el esclarecimiento total de los hechos, Tidball-Binz subrayó la necesidad de que el Estado implemente medidas de reparación integral para los sobrevivientes y los familiares de las víctimas, así como acciones estructurales orientadas a prevenir nuevos episodios de violencia en el Bajo Aguán.
“La memoria de quienes fueron asesinados exige verdad, justicia y reparación”, expresó el relator, al insistir en que una tragedia de esta magnitud no puede permanecer en la impunidad ni carecer de una respuesta contundente por parte de las instituciones encargadas de garantizar los derechos humanos y el acceso a la justicia.
