BOGOTÁ. El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, ha entrado en una abierta contradicción con su propio relato político. Tras años de asegurar en escenarios internacionales que «todo golpista debe ser condenado», en referencia al caso de Jair Bolsonaro en Brasil, el mandatario ultraizquierdista y exguerrillero del M-19 parece regresar hoy a sus inicios intolerantes al desconocer abiertamente el triunfo de Abelardo de la Espriella en las urnas.
En las últimas horas, las redes sociales se han convertido en un espejo implacable para el mandatario. Cientos de usuarios le recuerdan con vehemencia sus antiguas declaraciones en defensa de la institucionalidad, contrastándolas con su postura actual. Petro no solo ha rechazado los resultados oficiales avalados por observadores internacionales, sino que ha convocado a una «resistencia civil contra un gobierno ilegítimo» e insinuado —sin aportar una sola prueba— una presunta intervención de los Estados Unidos en los comicios.
¿Cortina de humo ante el colapso económico?
Detrás de la retórica incendiaria y la resistencia a facilitar una transición pacífica con un gobierno que no le es afín, analistas señalan que Petro busca ocultar una cruda realidad: el brutal desfasaje económico que deja su administración.
Colombia cerró el año 2025 con el mayor déficit primario de América Latina, registrando un preocupante 3,6% del PIB. Este agujero fiscal, que equivale a cerca de $66 billones de pesos, deja al país al borde del abismo financiero y expone las consecuencias de una gestión marcada por el gasto inflexible y la inestabilidad institucional. Al intentar deslegitimar al presidente electo, Petro no solo da la espalda a la democracia que lo eligió, sino que intenta desviar la atención del masivo hueco fiscal que su sucesor tendrá que salir a rescatar.
