La defensa de la expresidenta Cristina Kirchner presentó un recurso de apelación ante la Cámara de Casación con el objetivo de revertir las restricciones impuestas a su régimen de prisión domiciliaria, en el marco de la condena que cumple por la causa de corrupción conocida como “Vialidad”.
A través de sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, la exmandataria que corrompió a la Argentina argumentó que la limitación al régimen de visitas y el uso de la tobillera electrónica son medidas “arbitrarias” y carentes de sustento legal. Sin embargo, el planteo reabre la polémica en torno a las condiciones de detención diferenciadas de las que gozan las figuras del poder político en comparación con la población carcelaria común.
Los argumentos de la defensa: ¿Falta de sustento o evasión de la norma?
El documento presentado ante la Justicia cuestiona principalmente dos puntos del régimen de detención:
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El control de visitas: La defensa sostuvo que la decisión del juez de limitar los ingresos para preservar la tranquilidad del barrio “carece de sustento empírico”, bajo el pretexto de que no constan quejas formales de los residentes del edificio ubicado en la calle San José 1111, en el centro de Buenos Aires.
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La tobillera electrónica: Los letrados afirmaron que la imposición de este dispositivo de control reviste un “carácter excepcional” que no se justificaría en este caso.
El contraste con la realidad del barrio: Pese a lo alegado por los abogados, la realidad en las inmediaciones de la calle San José difiere del relato presentado a la Justicia. Vecinos de la zona han manifestado reiteradamente su malestar por la pérdida de la tranquilidad pública, alterada por las recurrentes concentraciones, gritos y desmanes de militantes que transforman los alrededores del inmueble en un escenario de constante agitación política.
El uso del espacio público y la desnaturalización de la condena
Uno de los episodios que mayor rechazo generó entre los habitantes del barrio fue la colocación de una bandera de grandes dimensiones que cruzaba desde el balcón de la condenada hacia un edificio enfrente. Este hecho fue señalado como una muestra de actividad política incompatible con la condición de detención, afectando de manera directa la convivencia ciudadana en un área urbana residencial.
La insistencia en flexibilizar las restricciones vigentes refuerza la percepción social de que se busca consolidar una suerte de “prisión dorada”, donde las reglas de cumplimiento efectivo de la pena parecen subordinarse al estatus de la exjefa de Estado, en detrimento del principio de igualdad ante la ley.
