El Tribunal Supremo de España dictó este lunes una de las sentencias más relevantes de los últimos años en materia de corrupción política al condenar al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión por su participación en una red de adjudicaciones irregulares vinculadas a la compra de mascarillas durante la emergencia sanitaria provocada por la covid-19.
La resolución, aprobada por unanimidad por los siete magistrados de la Sala, considera acreditada la existencia de una estructura organizada que operó alrededor de contratos públicos gestionados por organismos dependientes del Ministerio de Transportes. Junto a Ábalos, el alto tribunal impuso una pena de 19 años de cárcel a su exasesor Koldo García, mientras que el empresario Víctor de Aldama fue condenado a cuatro años y medio de prisión, aunque no deberá ingresar en la cárcel debido a la suspensión de la pena derivada de su colaboración con la justicia.
La investigación judicial concluyó que la trama se benefició de la adjudicación de contratos para el suministro de 13 millones de mascarillas por parte de Puertos del Estado y Adif, operaciones que recayeron en una empresa relacionada con Aldama. Según la sentencia, el empresario obtuvo ganancias millonarias mediante sociedades interpuestas, alcanzando un total de 6,6 millones de euros.
Los magistrados sostienen que una parte de esos recursos fue destinada al pago de sobornos para favorecer la concesión de contratos públicos. El fallo cifra en dos millones de euros las cantidades entregadas a Ábalos y en 500.000 euros las percibidas por García. Además, considera probado que ambos recibieron pagos periódicos de 10.000 euros mensuales durante varios años.
La resolución también recoge otros beneficios considerados indebidos por la justicia, entre ellos el pago de alquileres de viviendas en zonas costeras y la contratación de una expareja del exministro en empresas públicas, circunstancias que reforzaron las acusaciones por tráfico de influencias y malversación.
Ábalos, quien durante años fue una de las figuras más cercanas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue declarado culpable de delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. En su sentencia, el Supremo subraya que este tipo de conductas erosionan gravemente la credibilidad de las instituciones y debilitan la confianza de los ciudadanos en la administración pública.
El testimonio de Aldama resultó clave para el desenlace del proceso. Tras pasar varias semanas en prisión preventiva en otra causa relacionada con presunto fraude en el sector de los hidrocarburos, el empresario decidió colaborar con los investigadores y reconoció haber realizado pagos ilícitos con el objetivo de obtener ventajas en contrataciones estatales.
El caso se enmarca dentro de la investigación conocida como “caso Koldo”, una amplia causa judicial que examina una presunta red de corrupción asociada a contratos públicos y adjudicaciones de obras. La investigación ha salpicado además a otras figuras políticas, entre ellas Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y antiguo colaborador cercano del jefe del Ejecutivo español.
