El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile anunció la designación del diplomático Marco Antonio Aguayo Tamsec como embajador en Misión Especial en Haití, en una decisión orientada a fortalecer la presencia del Estado chileno en ese país y enfrentar las consecuencias derivadas del caso de menores haitianos que ingresaron de manera irregular a la nación austral.
La medida se adopta en medio de la preocupación generada tras la alerta emitida por la Contraloría General de la República sobre la existencia de 64 niños haitianos cuyo paradero era desconocido para las autoridades. Aunque durante los últimos días se confirmó la ubicación de 33 de ellos, el caso continúa movilizando a distintos organismos públicos.
Desde Puerto Príncipe, Aguayo tendrá la responsabilidad de supervisar integralmente el funcionamiento de la representación diplomática chilena y liderar las coordinaciones con autoridades haitianas, organismos internacionales y entidades locales. El objetivo será recopilar información que contribuya a esclarecer la situación de los menores y fortalecer los mecanismos de cooperación entre ambos países.
El nuevo embajador especial también encabezará el trabajo del equipo de la Dirección Consular que arribó a Haití para apoyar las gestiones en terreno. Según informó la Cancillería, contará con facultades amplias para instruir diligencias y adoptar medidas destinadas a optimizar las operaciones consulares, en el marco del proceso de preparación para la reapertura del Consulado de Chile en Puerto Príncipe.
Aguayo posee una extensa trayectoria en el Servicio Exterior chileno. Actualmente se desempeña como embajador en Honduras y, a lo largo de su carrera diplomática, ha cumplido funciones en destinos estratégicos como China, México, Colombia y España. Su misión estará bajo la supervisión directa del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.
En paralelo, la Cancillería informó la puesta en marcha de nuevos mecanismos de control y seguridad para los procesos consulares. Entre las medidas destaca la implementación de protocolos adicionales destinados a detectar tempranamente actividades sospechosas, fortalecer la fiscalización y prevenir eventuales fraudes o irregularidades en los trámites vinculados a ciudadanos extranjeros.
