CARACAS – En un movimiento que profundiza la crisis institucional en Venezuela, la presidenta de facto, Delcy Rodríguez, anunció este 23 de abril el cierre definitivo de la aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. La medida se ejecuta sin haber cumplido con las condiciones previas exigidas por el gobierno de los Estados Unidos para una transición democrática real.
Un mandato bajo la sombra del fraude
El actual Ejecutivo, señalado como cómplice de la estructura de Nicolás Maduro, se mantiene en el poder tras un proceso electoral calificado como fraudulento. Esta falta de legitimidad ha generado un aislamiento diplomático sin precedentes, donde no solo la Unión Europea y Estados Unidos desconocen su autoridad, sino también gobiernos de corte izquierdista que anteriormente mostraron afinidad con el chavismo.
Países como Brasil, Colombia y Chile (bajo la gestión de Gabriel Boric) han marcado distancia, rechazando la validez de los resultados que sostienen al régimen en el Palacio de Miraflores.
El “Triunvirato del Terror” y las detenciones
La clausura de la Ley de Amnistía ocurre en un clima de represión sistemática. Según denuncias de diversos sectores, Rodríguez lidera una estrategia de sometimiento basada en el terror, amparada por figuras clave que permanecen en la cúpula del poder:
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Diosdado Cabello: Operador político del Ejecutivo.
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Vladimir Padrino López: Ministro de la Defensa y brazo ejecutor de las fuerzas armadas.
Ambos son señalados como los artífices de las brutales represalias contra la población civil. Cabe destacar que sobre estos funcionarios pesan recompensas millonarias ofrecidas por la justicia estadounidense, las cuales siguen vigentes a pesar del enrocamiento de la estructura estatal.
La ambigüedad de Washington
La noticia surge en medio de críticas al papel de la administración de Donald Trump. Analistas y opositores señalan un “inexplicable doble discurso” por parte del mandatario estadounidense.
“Parece haber un interés más profundo en el control del petróleo venezolano que en una estrategia efectiva para ayudar a los ciudadanos a salir de la dictadura”, sugieren fuentes cercanas a la diplomacia regional.
Mientras el país continúa bajo el asedio de las detenciones arbitrarias, el cierre de la vía legal para la amnistía sepulta, por ahora, cualquier esperanza de reconciliación política bajo los términos de la comunidad internacional.
