El principio de la separación de poderes —columna vertebral de cualquier democracia digna de ese nombre— se ha transformado en Brasil en una simulación jurídica conveniente. Las declaraciones del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, celebrando la llegada de su exministro Flávio Dino al Supremo Tribunal Federal (STF) bajo la etiqueta de ser el “primer juez comunista” de la corte, no son una simple provocación retórica; son la confesión abierta de un proyecto de captura institucional.
Cuando un mandatario se congratula públicamente no por la idoneidad técnica, la independencia o la altura moral de un magistrado, sino por su militancia y su lealtad ideológica, el relato de la neutralidad de la justicia se desploma. Lo que hoy vive Brasil es la consumación práctica de las directrices que la izquierda continental plasmó sin tapujos en el Manifiesto de Managua del Foro de São Paulo en 2017: ante la imposibilidad de sostener el poder solo con los votos, la consigna es la toma por asalto de los aparatos judiciales para neutralizar el control parlamentario y blindar el proyecto político.
La colonización del árbitro
La gravedad de la situación actual en el STF, y en particular en su Primera Sala, radica en la destrucción sistemática de la apariencia de imparcialidad. El diseño constitucional brasileño, pensado para buscar un equilibrio republicano, ha sido instrumentalizado para crear una red de cobertura mutua.
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El Abogado y el Ministro: Nominar a Cristiano Zanin —el abogado personal que sacó a Lula de la cárcel— y acto seguido a Flávio Dino —el ejecutor de la política judicial de su gobierno— es un agravio directo al espíritu de la República. El máximo tribunal del país ya no actúa como un árbitro independiente, sino como un apéndice de la agenda del Ejecutivo.
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El Activismo como Garrote: Bajo el pretexto de “defender la democracia”, la corte ha asumido un rol hiperactivo y punitivo que persigue con saña a la oposición política, mientras limpia el historial de corrupción de las figuras del oficialismo. La justicia selectiva no es justicia; es persecución política con ropaje legal.
La mentira del discurso democrático
Es de un cinismo alarmante que el relato oficialista continúe enarbolando las banderas de la “independencia de poderes” y la “reconstrucción institucional”. No hay independencia cuando el juez y el gobernante comparten el mismo bando, celebran las mismas victorias partidarias y coordinan agendas. Lo que existe en el Brasil de hoy es una armonía forzada por la sumisión ideológica.
El peligro de este modelo es que vacía de contenido a las instituciones desde adentro. Se mantienen las formas, se respetan los rituales burocráticos y se invocan los artículos de la Constitución, pero la esencia democrática ha sido extirpada. Cuando los ciudadanos ya no pueden distinguir dónde termina el palacio de gobierno y dónde empieza el tribunal de última instancia, la seguridad jurídica desaparece y la democracia se convierte en una cáscara vacía, al servicio del autócrata de turno.
