Durante la jornada del jueves, desde la II Brigada Aérea de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), se concretó el primer vuelo de expulsión coordinado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, dando inicio formal a una estrategia más estricta en materia de control migratorio y ejecución de medidas pendientes.
El operativo contempló la salida del país de 40 ciudadanos extranjeros, de los cuales 26 fueron expulsados por medidas administrativas y 14 en cumplimiento de órdenes judiciales. Según se informó, los involucrados mantenían antecedentes por delitos como tráfico de drogas, robo con violencia, receptación de vehículos, además de casos de ingreso al país por pasos no habilitados.
Este despliegue no solo materializa expulsiones previamente decretadas, sino que inaugura una política de carácter permanente. La estrategia contempla operativos continuos, tanto aéreos como terrestres, con el objetivo de reforzar la fiscalización, asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y fortalecer el control en todo el territorio nacional.
En este primer vuelo, los expulsados corresponden a ciudadanos de Colombia, Bolivia y Ecuador. No se registraron ciudadanos venezolanos en esta operación, pese a que este grupo representa una proporción relevante tanto de la población migrante en Chile como de las órdenes de expulsión aún pendientes.
La medida constituye uno de los ejes centrales del programa de gobierno del Mandatario, orientado a restablecer el orden migratorio mediante procedimientos regulares, coordinación interinstitucional y una presencia operativa sostenida frente al ingreso irregular y a quienes deban abandonar el país por resolución administrativa o judicial.
De acuerdo con cifras oficiales, durante el primer mes de mandato se habrán concretado 156 expulsiones, mayoritariamente de carácter administrativo. Esta cifra representa un incremento del 33% en comparación con el mismo periodo de 2022.
En paralelo, las autoridades destacan una disminución significativa en los ingresos irregulares. Entre el 11 de marzo y el 11 de abril de este año se registraron 2.101 denuncias por ingreso clandestino, muy por debajo de las 6.437 reportadas en el mismo lapso de 2022. La diferencia, equivalente a 4.336 casos menos, refleja una caída del 67,4%, lo que, según el Ejecutivo, evidencia un cambio en el escenario del control fronterizo y un fortalecimiento de la presencia del Estado en estas zonas.
