Es por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Mandó trabar embargo hasta cubrir la suma de 440 millones de pesos. También procesó a otros 20 imputados.
En la sentencia el magistrado expresa sobre las adjudicaciones a la empresas que debían cumplir con la fabricación de los artículos para entregar a las familias con bebes: “La maniobra se dio tal como fue porque hubo un acuerdo de voluntades dirigidas a un único fin, cual era el de adjudicar la licitación Nº 4/15 a las seis empresas ganadoras. A tal efecto, la contribución de los nombrados no sólo fue necesaria, sino que fue esencial para cerrar la maniobra, para completarla”.
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