El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, ha afirmado: «El Estado de Derecho es uno de los pilares de la Unión Europea y en los que esta se funda. La Comisión Europea desempeña un papel clave a la hora de sostener el Estado de Derecho en su calidad de guardiana de los Tratados. He señalado sistemáticamente la necesidad de una normativa que permita a la Comisión intervenir desde un primer momento y de forma transparente en casos de amenazas graves y sistémicas contra el Estado de Derecho en un Estado miembro. La Comisión cumple hoy este compromiso al garantizar que, en el futuro y basándonos en nuestra experiencia reciente, podamos prevenir y resolver eficazmente las crisis relacionadas con el Estado de Derecho en los Estados miembros».
La vicepresidenta Viviane Reding, comisaria de Justicia de la UE, ha declarado: «El respeto del Estado de Derecho es un requisito previo para la protección de todos los demás valores fundamentales en los que se funda la Unión. La Comisión Europea es la guardiana de los Tratados, de manera que también debe contarse entre los guardianes del Estado de Derecho. En los últimos años, cada vez que se ha producido una amenaza o una posible amenaza contra el Estado de Derecho en un Estado miembro, todas las instituciones han recurrido a la Comisión, como árbitro imparcial, para que tome medidas. Hoy estamos creando los instrumentos necesarios para actuar y proteger a los ciudadanos frente a las amenazas contra el Estado de Derecho en la Unión. La Unión Europea se basa en el respeto del Estado de Derecho y de la igualdad de todos los Estados miembros, de ahí que la nueva herramienta para proteger el Estado de Derecho sea aplicable a partir de un mismo umbral de una amenaza grave y sistémica contra el Estado de Derecho en todos los Estados miembros, grandes o pequeños, al norte, al sur, al este o al oeste».
Principales características del nuevo marco del Estado de Derecho
El nuevo marco se basa plenamente en los Tratados de la UE vigentes y complementa los instrumentos existentes, sobre todo el artículo 7 y los procedimientos de infracción incoados por la Comisión. Naturalmente, esto no excluye futuras modificaciones del Tratado a este respecto.
El marco está centrado en el Estado de Derecho. Este es la base de los valores en los que se funda la Unión. Al garantizar el respeto del Estado de Derecho se reafirma la protección de otros valores fundamentales. La Comisión ha adoptado una definición amplia de Estado de Derecho, que se basa en los principios establecidos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que significa esencialmente un sistema en el que las leyes se aplican y se hacen cumplir.
El marco puede activarse en situaciones en las que exista un fallo sistémico que afecte de forma negativa a la integridad, la estabilidad y el buen funcionamiento de las instituciones y mecanismos establecidos nacionalmente para garantizar el Estado de Derecho. El marco de la UE no está pensado para hacer frente a situaciones individuales o casos aislados de violación de los derechos fundamentales o errores judiciales.
Igualdad de los Estados miembros: el marco se aplicará de la misma forma en todos los Estados miembros y funcionará sobre la base de los mismos criterios en cuanto a lo que se considera una amenaza sistémica contra el Estado de Derecho.
El marco de la UE establece una herramienta de alerta rápida para abordar las amenazas contra el Estado de Derecho, que autoriza a la Comisión para entablar un diálogo con el Estado miembro afectado con el fin de encontrar soluciones antes de recurrir a los mecanismos jurídicos existentes establecidos en el artículo 7 del Tratado.
La Comisión Europea desempeña un papel central en este nuevo marco del Estado de Derecho como guardiana independiente de los valores de la Unión. La Comisión puede aprovechar la experiencia de otras instituciones de la UE y organizaciones internacionales (en particular, el Parlamento Europeo, el Consejo, la Agencia de los Derechos Fundamentales, el Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, etc.).
Un proceso en tres etapas
El objetivo de la normativa es permitir a la Comisión alcanzar una solución con el Estado miembro interesado a fin de prevenir la aparición de una grave amenaza contra el Estado de Derecho que pueda derivar en «un riesgo claro de violación grave» que daría lugar a la aplicación del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. Cuando existan indicios claros de una grave amenaza contra el Estado de Derecho en un Estado miembro, la Comisión podrá poner en marcha una «procedimiento previo del artículo 7» entablando un diálogo con ese Estado miembro. El proceso se divide en tres etapas.
Evaluación de la Comisión: La Comisión debe recopilar y analizar toda la información pertinente y valorar si hay indicios claros de una grave amenaza contra el Estado de Derecho. Si, como consecuencia de ello, la Comisión cree que, en efecto, existe una situación de amenaza sistémica contra el Estado de Derecho, entablará un diálogo con el Estado miembro afectado remitiéndole un «dictamen de Estado de Derecho», que será un aviso al Estado miembro, y justificando sus preocupaciones. Se dará al Estado miembro correspondiente la posibilidad de responder.
Recomendación de la Comisión: En una segunda etapa, la Comisión publicará una «recomendación del Estado de Derecho» dirigida al Estado miembro, a menos que el asunto ya ha sido resuelto de manera satisfactoria. Recomendará que el Estado miembro solucione los problemas detectados en un plazo fijo y que informe a la Comisión de las medidas adoptadas a tal efecto. La Comisión hará pública su recomendación.
Seguimiento de la recomendación de la Comisión: En una tercera etapa, la Comisión supervisará el curso dado por el Estado miembro a la recomendación. Si ese curso no es satisfactorio en el plazo fijado, la Comisión podrá recurrir a uno de los mecanismos establecidos en el artículo 7 del TUE.
Todo el proceso se basa en un diálogo permanente entre la Comisión y el Estado miembro interesado. La Comisión mantendrá al Parlamento Europeo y al Consejo periódica y debidamente informados.
Contexto:
El respeto del Estado de Derecho es un requisito previo para la protección de todos los demás valores fundamentales reconocidos en el artículo 2 del TUE. También es un requisito previo para la defensa de todos los derechos y obligaciones que se derivan de los Tratados y del Derecho internacional. Desde 2009, la Comisión Europea se ha enfrentado en varias ocasiones con crisis en algunos Estados miembros que han revelado problemas concretos en materia de Estado de Derecho. En su discurso sobre el estado de la Unión de 2012, el presidente Barroso recordó que una unión política significa también que el Estado de Derecho, como valor fundamental de la UE, debe ser reforzado y anunció una iniciativa al efecto. La resolución adoptada por el Parlamento Europeo el 3 de julio de 2013 y las conclusiones del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de 6 de junio de 2013 coincidieron en esta apreciación.
El Colegio de Comisarios mantuvo un primer debate orientativo sobre la mejor manera de proteger el Estado de Derecho en la Unión Europea durante su seminario de agosto de 2013. En su intervención en el Centro de Estudios Políticos Europeos en septiembre, la vicepresidenta Reding expuso su visión de un posible nuevo marco del Estado de Derecho en la Unión Europea. En el Foro de la Justicia, una conferencia de alto nivel sobre el futuro de la justicia en la UE celebrada en noviembre de 2013, a la que asistieron más de 600 interesados, una sesión se dedicó específicamente al tema «Hacia un nuevo mecanismo del Estado de Derecho» (Towards a new rule of law mechanism).
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