Hay que reconocerles una cosa: el blindaje moral de la pareja que habita el Palacio de la Moncloa es a prueba de bombas. A Pedro Sánchez y a su esposa, Begoña Gómez, todo les resbala. Mientras la ciudadanía asiste estupefacta a un goteo constante de escándalos judiciales, ellos parecen vivir en una realidad paralela, blindados por una soberbia institucional que ya no se molesta ni en guardar las formas. La última petición de Gómez al juez Juan Carlos Peinado no es solo un trámite legal; es una bofetada de realidad para los millones de españoles que observan cómo se diluyen las exigencias de la justicia cuando afectan al poder.
Apenas unos días después de haber tenido que entregar su pasaporte debido a las medidas cautelares impuestas por el magistrado ante el evidente riesgo de fuga, la esposa del presidente del Gobierno ya está pidiendo que se lo devuelvan. La urgencia, según sus abogados, es de una necesidad imperiosa: viajar a la cumbre de la OTAN en Ankara y asistir a la graduación de su hija en Londres. Todo muy campechano, muy de a pie.
Esta petición destapa, de golpe, dos de las grandes contradicciones —por no decir hipocresías— que definen la era sanchista.
En primer lugar, salta a la vista la tremenda incoherencia educativa de un Ejecutivo que se pasa el día haciendo bandera de la educación pública en España y demonizando cualquier alternativa privada. Sin embargo, cuando llega el momento de predicar con el ejemplo, la realidad es otra: la hija del presidente del Gobierno no estudia en el sistema público español, sino en una universidad privada del Reino Unido. Para el ciudadano común, defensa a ultranza del modelo estatal; para los inquilinos de la Moncloa, elitismo británico y educación privada a miles de kilómetros. Una burla que ya no engaña a nadie.
Pero la gran pregunta que legítimamente se hace toda España es: ¿Qué demonios va a hacer la esposa del presidente del Gobierno en una reunión de la OTAN?
Begoña Gómez no es un cargo electo, no es ministra de Defensa, no es diplomática, ni ostenta representación oficial alguna del Estado español. Es una ciudadana investigada (imputada) por presuntos delitos de corrupción. Que pretenda utilizar una cumbre de la Alianza Atlántica como excusa para recuperar su pasaporte y, de paso, presentarse en un foro internacional de máxima seguridad como si fuera una alta dignataria, roza el delirio. ¿Se busca acaso la foto internacional para lavar una imagen cercada por los tribunales? ¿O es simplemente la costumbre arraigada de confundir la agenda institucional del Estado con el estatus de una familia real consorte?
El juez tiene ahora la palabra. Pero, más allá de la resolución judicial, el veredicto de la calle está dictado: la sensación de que las normas, los controles y el propio decoro no van con ellos se hace cada día más insoportable. Mientras España asiste al espectáculo, en Moncloa se siguen riendo.
