La política andaluza asiste estos días a un espectáculo tan previsible como indignante. Con un desparpajo que ya no sorprende a nadie, pero que sigue resultando intolerable, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha escenificado la enésima pirueta de su formación: anunciar un voto en contra de la investidura de Juanma Moreno si esta se celebrara de inmediato. Todo esto mientras, con la otra mano y en un indisimulable juego de trileros, mantiene las conversaciones abiertas con el Partido Popular.
No nos engañemos. Detrás de la retórica del “bloqueo” y las supuestas “exigencias programáticas”, lo que se esconde es una burda estrategia de chantaje político. A la formación ultraderechista que dirige Santiago Abascal poco o nada le importan los votos reales de los ciudadanos; esos votos que dieron una amplísima mayoría al PP y que dibujaron un mandato claro de estabilidad para la comunidad autónoma tras las elecciones del pasado 17 de mayo.
A Vox no le interesa Andalucía; le interesan los sillones. Con una representación ciertamente magra en el Parlamento andaluz, el partido ultra pretende secuestrar la voluntad de la mayoría para mercadear en los despachos. Su único y exclusivo objetivo real es forzar la máquina para obtener cargos en el Gobierno andaluz, sin importarles el coste institucional ni la parálisis a la que someten a las instituciones públicas.
Esta forma de proceder dista mucho de la altura ética, la responsabilidad y el respeto institucional que las circunstancias actuales requieren.
En un momento en el que los ciudadanos demandan estabilidad y gestión, Vox opta por la política del corto plazo, el ruido mediático y la extorsión partidista. Utilizar la investidura como un elemento de presión personalista no es hacer oposición: es demostrar un desprecio absoluto hacia el propio sistema democrático que les permite sentarse en esos escaños. Andalucía no merece ser el tablero de juego de quienes supeditan el interés general a su propia cuota de poder.
