La Fiscalía de Paraguay realizó este domingo un operativo de registro en la residencia del expresidente Santiago Peña, ubicada en la ciudad de San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción, como parte de la investigación abierta tras la intervención y posterior cierre de Ueno Bank.
El procedimiento fue encabezado por los fiscales Silvia González, Cristhian Benítez y Elena Fiore, quienes ingresaron al inmueble en busca de antecedentes que puedan contribuir al esclarecimiento de las operaciones financieras investigadas por el Ministerio Público.
Peña permanece bajo prisión preventiva en el Regimiento de Escolta Presidencial, en Asunción, después de que la Fiscalía lo imputara por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio. El exgobernante fue previamente destituido tras ser declarado responsable de un “mal desempeño de funciones”.
Uno de los principales elementos de la investigación se relaciona con dos créditos que Ueno Bank habría concedido a Peña en mayo de 2024. De acuerdo con la acusación fiscal, ambos préstamos alcanzaron conjuntamente los 3.548 millones de guaraníes, equivalentes a unos 577.000 dólares, y habrían sido destinados a financiar la construcción de su residencia en San Bernardino.
La Fiscalía sostiene que las cuotas mensuales de esos créditos ascendían a 239 millones de guaraníes, aproximadamente 38.880 dólares, una suma que representaba alrededor de seis veces la remuneración que Peña percibía como presidente.
La vivienda investigada, cuya construcción habría sido financiada parcialmente mediante esos préstamos, está valorada en más de un millón de dólares, según informaciones difundidas por medios paraguayos.
La causa, sin embargo, trasciende las operaciones vinculadas directamente con la residencia del exmandatario. La acusación fiscal sostiene que Peña habría intervenido en decisiones relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes recursos provenientes de organismos públicos y previsionales en Ueno Bank durante su administración.
El Ministerio Público también investiga una presunta relación económica y corporativa previa entre Peña y Ueno Holding, conglomerado empresarial al que pertenecía la entidad financiera posteriormente intervenida.
La caída de Ueno Bank provocó el congelamiento de recursos pertenecientes a unos 2,94 millones de clientes, entre ellos diversas instituciones estatales que habían depositado importantes cantidades de dinero en la entidad durante el Gobierno de Peña.
La investigación ha ampliado su alcance y actualmente contempla a 27 personas imputadas, entre ellas Miguel Vásquez, uno de los fundadores de Ueno Bank. La Fiscalía busca establecer eventuales responsabilidades individuales en las operaciones que precedieron al colapso de la entidad financiera y determinar si existió un uso irregular de recursos públicos en beneficio de particulares.
