El Gobierno de Perú hizo un balance de sus primeros cien días de administración y defendió una gestión centrada en tres grandes desafíos: enfrentar la emergencia climática, recuperar el control frente al avance de la criminalidad y reactivar un aparato estatal que, según el Ejecutivo, acumulaba cientos de obras paralizadas y servicios deficientes.
Durante la presentación de resultados, la actual presidenta, Keiko Fujimori sostuvo que estos primeros meses permitieron establecer una hoja de ruta para los próximos cinco años, con énfasis en seguridad ciudadana, prevención ante el fenómeno El Niño, inversión pública y recuperación de la actividad económica.
Uno de los principales focos estuvo puesto en la emergencia climática. El Ejecutivo afirmó que destinó 1.500 millones de soles durante los primeros tres meses para labores preventivas, el doble de lo ejecutado durante todo 2025. Entre las medidas se encuentra la intervención de 179 kilómetros de ríos en la costa peruana, con el retiro de 4,5 millones de metros cúbicos de sedimentos.
Las autoridades también informaron de la culminación de 35 kilómetros de defensas ribereñas en Cañete, Chincha y Pisco, infraestructura destinada a proteger a más de 10.000 familias y reducir el riesgo sobre unas 33.000 hectáreas agrícolas. A ello se suma el despliegue de más de 2.000 unidades de maquinaria pesada y equipos, además de 77 puentes Bailey, cinco buques, 23 helicópteros y 17 aeronaves para responder ante eventuales emergencias.
La estrategia también contempla los efectos de la sequía asociada al fenómeno climático en las zonas andinas y amazónicas. El Gobierno anunció una inversión de 350 millones de soles para apoyar a agricultores y ganaderos, junto con la distribución de kits de alimentación animal, insumos agrícolas, semillas, sistemas de riego, bebederos y reservorios.
En materia de incendios forestales, el Ejecutivo reconoció las limitaciones con las que recibió el sistema de respuesta y señaló que durante el año se registraron 571 incendios, llegando a existir hasta 25 focos activos simultáneamente. Tras recurrir a cooperación internacional, incluido el apoyo de Chile, el Gobierno anunció la adquisición de 19 helibaldes y 500 equipos adicionales de protección personal para reforzar la capacidad de respuesta.
Ofensiva contra el crimen organizado
La seguridad ciudadana ocupó otro de los ejes centrales del balance. El Gobierno aseguró que la tasa diaria de homicidios pasó de 7,5 casos al inicio de la administración a 6,5 después de cien días, aunque reconoció que la criminalidad continúa siendo uno de los principales problemas del país.
Como parte de la estrategia se creó un Comando Unificado integrado por 1.350 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para enfrentar al crimen organizado. Según las cifras entregadas por el Ejecutivo, durante este período fueron desarticuladas 37 organizaciones criminales y 2.700 bandas, mientras que se capturó a 16.325 personas con requisitorias y se incautaron más de 1.300 armas de fuego.
La política de seguridad también se extendió al sistema penitenciario. El Gobierno informó de operaciones destinadas a recuperar el control de cinco establecimientos penitenciarios y del derribo de siete torres de telecomunicaciones ilegales, 33 antenas y 194 equipos de comunicación en distintos penales.
El Ejecutivo anunció además la construcción de dos nuevos megapenales y planteó una reorganización del sistema penitenciario mediante la reclasificación de internos, la reducción del hacinamiento y el fortalecimiento de programas productivos destinados a la reinserción.
La lucha contra la minería ilegal también formó parte del balance. Las autoridades informaron de la destrucción de maquinaria valorizada en 876 millones de soles y de operaciones desarrolladas en Pataz y Madre de Dios, donde se recuperaron 980 hectáreas dentro de la Reserva Nacional Tambopata.
Cooperación internacional contra las organizaciones criminales
El Gobierno destacó asimismo la incorporación de Perú al denominado Escudo de las Américas y el fortalecimiento de la cooperación policial internacional. Entre las operaciones mencionadas se encuentra la detención en Huanchaco de nueve presuntos integrantes de la organización criminal “Los Tiguerones Trux”, con participación del FBI, además de la captura en Bolivia del supuesto cabecilla de “Los Pulpos”.
La administración también resaltó el acuerdo alcanzado con el Gobierno de El Salvador tras la visita presidencial a ese país. La cooperación contempla áreas como seguridad, sistema penitenciario, salud, educación y fortalecimiento institucional, con la intención de adaptar a la realidad peruana aquellas experiencias que puedan resultar aplicables.
Reactivación de obras y servicios públicos
Otro de los ejes del balance fue la reactivación de proyectos que llevaban años paralizados. El Ejecutivo destacó el reinicio de obras en la Longitudinal de la Sierra en Cajamarca, el destrabe del Puente San Francisco en Ayacucho y la reanudación del proyecto vial Checca-Mazocruz en Puno, además de la recuperación progresiva del servicio ferroviario Huancayo-Huancavelica tras una década de interrupción.
En salud, el Gobierno informó del destrabe de proyectos hospitalarios y centros asistenciales en Cusco, Apurímac, Lima, Piura, Áncash y Ucayali. También destacó la recuperación de la Torre Trecca de EsSalud, paralizada durante 16 años y cuya culminación beneficiaría a unos 1,4 millones de asegurados.
La digitalización sanitaria figura entre las medidas impulsadas durante este período. Cuatro hospitales nacionales y 41 centros de salud de Lima ya se encuentran interconectados mediante la historia clínica electrónica, mientras que más de 148.000 referencias médicas fueron gestionadas digitalmente.
En servicios básicos, el Ejecutivo reportó el destrabe de 71 proyectos de agua y saneamiento en 21 regiones, con una población potencialmente beneficiada de 2,8 millones de personas. También señaló que 18.000 familias recibieron títulos de propiedad y que proyectos de electrificación rural permitieron ampliar la cobertura a más de 35.000 habitantes.
Educación y programas sociales
El Gobierno presentó igualmente avances en educación y protección social. Entre las medidas mencionadas se encuentra la distribución de 13 millones de materiales educativos y la recuperación de 6.500 computadores destinados a estudiantes de los Colegios de Alto Rendimiento.
Tras los terremotos registrados en Junín y Ayacucho, las autoridades instalaron 124 aulas domo y comenzaron la adquisición de otras 1.500 aulas modulares.
En materia social, el Ejecutivo informó de la puesta en funcionamiento de 43 locales de Cuna Más, dos nuevos Centros de Emergencia Mujer y Familia y la generación de más de 48.000 empleos temporales mediante el programa Llamkasum Perú.
Otro de los anuncios económicos fue el incremento de 100 soles de la remuneración mínima vital, que desde octubre se sitúa en 1.230 soles.
Gobierno apuesta por recuperar la confianza económica
En el frente económico, el Ejecutivo sostuvo que Perú está recuperando la confianza de los inversionistas y proyectó un crecimiento cercano al 4 % para los próximos años. El Gobierno también destacó que el desempleo en Lima Metropolitana descendió al 4,4 %, el nivel más bajo registrado en los últimos 25 años, según las cifras citadas del INEI.
Las exportaciones, de acuerdo con las estimaciones presentadas, alcanzarían un récord de 107.000 millones de dólares durante el año. Paralelamente, el programa Compras MYPERÚ habría generado más de 513 millones de soles en nuevas oportunidades de mercado para las micro y pequeñas empresas.
El Ejecutivo también informó de la aprobación de 55 expedientes ambientales correspondientes a grandes proyectos de inversión, con un valor superior a los 10.000 millones de soles.
Gobierno anuncia mayor gasto para responder a emergencias
La administración destacó finalmente la situación de las finanzas públicas y aseguró que el nivel de deuda, cercano al 30 % del PIB, proporciona margen para enfrentar emergencias sin comprometer la estabilidad macroeconómica.
Para 2027, el Gobierno anunció una asignación adicional de 18.000 millones de soles para respuestas fiscales. De ese monto, 2.500 millones estarán destinados a bonos temporales para familias afectadas por pérdidas agrícolas, ganaderas y desastres naturales; 6.000 millones se dirigirán a infraestructura educativa y otros 7.000 millones a la reactivación de obras paralizadas.
El Ejecutivo también señaló que solicitó al Congreso facultades legislativas en 66 materias, aunque el Parlamento aprobó 27, principalmente vinculadas con seguridad ciudadana y la respuesta frente al fenómeno El Niño.
Al cerrar su balance, el Gobierno sostuvo que los primeros cien días representan apenas el inicio de una administración de cinco años y reivindicó la necesidad de mantener una política basada en resultados y rendición de cuentas. El desafío, según el Ejecutivo, será convertir las medidas adoptadas durante esta primera etapa en una transformación sostenida de la seguridad, los servicios públicos, la infraestructura y las condiciones económicas del país.
