El Senado de Brasil aprobó este martes 3 de noviembre la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 18/2025, conocida como PEC de Seguridad Pública, una reforma destinada a fortalecer la respuesta institucional frente al crimen organizado y mejorar la coordinación entre las fuerzas policiales y las autoridades federales, estatales y municipales.
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, obtuvo 73 votos favorables en la primera vuelta y 75 en la segunda, sin votos en contra. Con su aprobación, el texto quedó habilitado para su promulgación y entrada en vigor, al concluir su tramitación legislativa.
Uno de los cambios centrales es la incorporación del Sistema Único de Seguridad Pública (SUSP) a la Constitución, con el objetivo de consolidar la cooperación entre los organismos encargados de prevenir, investigar y combatir los delitos. La reforma también contempla nuevas condiciones para la creación de fuerzas policiales municipales, amplía las competencias de la Policía Federal de Carreteras y establece un marco específico para la política penal y el funcionamiento de las fuerzas policiales penitenciarias.
Endurecimiento de las medidas contra las organizaciones criminales
La reforma establece herramientas más estrictas contra integrantes de facciones delictivas, milicias y organizaciones paramilitares. Entre las disposiciones contempladas figuran sanciones diferenciadas según el papel que cada integrante desempeñe dentro de la estructura criminal, el cumplimiento de condenas en establecimientos penitenciarios de máxima seguridad y restricciones a determinados beneficios penitenciarios y procesales.
El texto también abre la posibilidad de confiscar bienes relacionados con actividades ilícitas y contempla responsabilidades para personas jurídicas vinculadas a estas organizaciones. Asimismo, refuerza las garantías de protección para denunciantes y sus familias, junto con los derechos de las víctimas a recibir asistencia, información y acceso a la justicia durante los procedimientos penales.
La iniciativa busca, además, asegurar una mayor coordinación operativa entre la Unión, los estados, el Distrito Federal y los municipios. Para ello, prevé el intercambio de información y la integración de los sistemas utilizados por las instituciones de seguridad, con el propósito de reducir las brechas de cooperación entre las distintas administraciones.
En el ámbito municipal, la creación de fuerzas policiales estará condicionada al cumplimiento de requisitos relacionados con la capacitación, la capacidad financiera y los mecanismos de supervisión. La reforma también amplía las funciones de la Policía Federal de Carreteras para abarcar la vigilancia de ferrocarriles y vías navegables federales.
Más recursos para seguridad y el sistema penitenciario
El financiamiento constituye otro de los ejes de la enmienda constitucional. La propuesta establece mecanismos para proteger los recursos del Fondo Nacional de Seguridad Pública, del Fondo Penitenciario y del fondo destinado al equipamiento y funcionamiento de actividades fundamentales de la Policía Federal frente a bloqueos presupuestarios y desviaciones, con las excepciones previstas en el texto.
Además, contempla destinar el 10 % del superávit del Fondo Social al sector de la seguridad pública, con el objetivo de fortalecer su capacidad operativa y respaldar las políticas de prevención y combate del delito.
La reforma incluye también una disposición que permite reembolsar a las Fuerzas Armadas los gastos derivados de operaciones de Garantía de la Ley y el Orden mediante recursos del Fondo Nacional de Seguridad Pública.
La edad de responsabilidad penal divide al Senado
Pese al amplio respaldo obtenido por la reforma, el debate parlamentario estuvo marcado por las discrepancias sobre una eventual reducción de la edad de responsabilidad penal. Finalmente, el Senado decidió separar esta materia del texto principal por 38 votos contra 36, por lo que deberá tramitarse mediante una propuesta constitucional independiente.
El relator de la iniciativa, el senador Rogério Carvalho, defendió la separación al considerar que se trata de una cuestión jurídicamente compleja y objeto de profundas diferencias políticas y doctrinales. A su juicio, incorporar esta modificación durante un procedimiento legislativo acelerado habría limitado el debate sobre un asunto que requiere un análisis específico.
Carvalho también advirtió que aceptar las enmiendas sobre responsabilidad penal podría obligar a reabrir etapas de la tramitación y retrasar la entrada en vigor de las medidas de seguridad que cuentan con respaldo mayoritario.
La propuesta de la oposición, presentada por el senador Rogério Marinho, planteaba rebajar la edad de responsabilidad penal a los 16 años como regla general y a los 14 años para determinados delitos graves, entre ellos tortura, narcotráfico, terrorismo y participación en organizaciones criminales.
En cambio, una segunda enmienda, promovida por el senador Camilo Santana, proponía limitar la reducción a los 16 años a los delitos considerados atroces.
Los defensores de ambas iniciativas cuestionaron que el asunto quedara fuera de la reforma. El senador Alessandro Vieira sostuvo que existía respaldo político para discutir un cambio en la legislación, mientras que otros representantes de la oposición denunciaron que la separación impedía al pleno pronunciarse sobre las enmiendas.
Desde el oficialismo, la senadora Teresa Leitão respaldó la decisión de aprobar primero las disposiciones que reunían consenso. El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, se comprometió a agilizar la tramitación de las propuestas paralelas y señaló que su discusión podría organizarse mediante un calendario especial.
La controversia no altera la aprobación de la PEC de Seguridad Pública, pero mantiene abierto el debate sobre el régimen de responsabilidad penal de adolescentes en Brasil.
