La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció una reestructuración del sistema penitenciario nacional que incluirá la revisión de la clasificación de todos los internos y el traslado de los reclusos considerados más peligrosos a establecimientos de máxima seguridad. La decisión se produjo tras una reyerta en el penal El Milagro, en la ciudad de Trujillo, y forma parte de la estrategia gubernamental para recuperar el control de las cárceles.
Durante una inspección al recinto penitenciario, la mandataria ordenó gestionar el traslado de diez internos de alta peligrosidad al penal de Challapalca, ubicado en una zona de gran altitud en el sur del país. Además, solicitó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, un registro completo de la población carcelaria con sus respectivas categorías de clasificación.
Fujimori sostuvo que los líderes de organizaciones criminales y los condenados por delitos graves serán objeto de medidas más estrictas, y advirtió que cualquier nuevo enfrentamiento dentro de los establecimientos penitenciarios tendrá consecuencias inmediatas, incluidos traslados a recintos alejados de sus actuales lugares de reclusión.
La presidenta recordó que, después de los incidentes registrados en El Milagro, ya se habían ejecutado dos traslados a otros centros penitenciarios. Sin embargo, enfatizó que las medidas dirigidas contra los cabecillas de las bandas criminales contemplan su reubicación en Challapalca.
Disputas entre bandas y endurecimiento de los controles
Según la información entregada a la jefa de Estado por el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Abraham Lescano, los hechos de violencia estarían vinculados, en principio, a disputas entre organizaciones criminales y al rechazo que generan las nuevas restricciones de seguridad.
Entre las medidas implementadas figuran el bloqueo de señales de comunicación utilizadas desde el interior de las cárceles, la vigilancia reforzada de los perímetros y el endurecimiento de los controles para impedir que las redes delictivas continúen operando desde prisión.
La mandataria reconoció que estas acciones pueden generar resistencia entre los internos, pero insistió en que el objetivo del Ejecutivo es restablecer la autoridad estatal en todos los recintos penitenciarios.
En paralelo, el Gobierno está renovando las direcciones de distintos establecimientos del país. Fujimori señaló que el responsable del penal El Milagro lleva pocas semanas en el cargo y confirmó que los cambios administrativos forman parte de un proceso de reorganización más amplio.
Asimismo, aseguró que las denuncias relacionadas con la gestión penitenciaria serán investigadas, aunque recalcó que la recuperación del orden constituye una prioridad para su administración.
Más vigilancia y trabajo para la población penitenciaria
La reforma anunciada también contempla cambios en la política penitenciaria y la ampliación de programas de reinserción social. Fujimori mencionó iniciativas conocidas durante una reciente visita a El Salvador, entre ellas el programa denominado «Cero Ocio», orientado a promover actividades dentro de los centros de reclusión.
La presidenta adelantó que su Gobierno impulsará más talleres productivos para que los internos desarrollen actividades laborales y elaboren bienes que puedan generar beneficios para la sociedad.
Por su parte, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, reafirmó que existe una decisión política de avanzar en la recuperación del control estatal sobre las cárceles. Según explicó, las medidas incluyen controles más rigurosos para el ingreso de visitas, inspecciones al personal penitenciario y restricciones destinadas a impedir la entrada de drogas y otros elementos utilizados por las organizaciones criminales.
El titular de Justicia sostuvo que el fortalecimiento de estos procedimientos busca reducir la capacidad operativa de las bandas que mantienen actividades ilícitas desde los establecimientos penitenciarios.
