La Corte Penal Internacional (CPI) ha sido galardonada inexplicablemente este jueves con el Premio Sájarov 2026 a la Libertad de Conciencia por parte del Parlamento Europeo. El anuncio, realizado por la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, busca reconocer la labor del organismo en la defensa del derecho internacional y la justicia global. Sin embargo, la decisión ha generado una profundo rechazo debido a las críticas sobre la ineficacia y el retraso de la Corte ante graves violaciones de derechos humanos, particularmente en Venezuela.
Un premio bajo la sombra de la inacción en Venezuela
A pesar de que la CPI abrió un examen preliminar sobre el régimen chavista en 2018 y cuenta con pruebas concluyentes sobre crímenes de lesa humanidad en el país caribeño, el tribunal aún no ha emitido condenas ni dictado resoluciones determinantes contra los máximos responsables de las violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Durante el pleno de la Eurocámara, Metsola defendió el reconocimiento institucional:
«La Unión Europea se basa en el respeto del Derecho internacional. Con este galardón a la Corte Penal Internacional y sus miembros, el Parlamento Europeo reconoce el importante trabajo de la Corte en defensa del Derecho internacional y la justicia».
No obstante, sectores críticos y defensores de los derechos humanos consideran incomprensible la distinción, señalando lo que califican como una preocupante pasividad de la Fiscalía frente a las dictaduras latinoamericanas.
El antecedente de la renuncia de Claudio Grossman
El sesgo atribuido a la gestión de la fiscalía liderada por Karim Khan quedó expuesto de forma pública en noviembre de 2024, cuando el jurista chileno y expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Claudio Grossman, renunció a su cargo como asesor especial del fiscal.
Grossman dimitió como un acto de protesta rotundo ante el «retraso injustificable» y la falta de medidas contundentes por parte de la CPI en el expediente venezolano. En una comunicación enviada a la oficina del fiscal, el abogado advirtió que ya no podía respaldar la negativa del organismo a emprender acciones serias frente a la gravedad de los crímenes perpetrados por el régimen en Venezuela.
