El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó este miércoles una dura denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra la titular del Juzgado de Primera Instancia Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3, Laura Beatriz De Marinis. La presentación, articulada por el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Mario Tapia, exige determinar el “mal desempeño” y el “desconocimiento inexcusable del derecho” de la magistrada, solicitando que sea enjuiciada y removida de su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento.
La acusación se desencadenó luego de que De Marinis declarara inconstitucional la nueva Ley de Régimen Penal Juvenil impulsada por la gestión nacional del presidente Javier Milei —la cual fija la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años— en un expediente donde un adolescente de 14 años estaba imputado por tentativa de robo. Argumentando que la normativa resulta “regresiva y desproporcionada”, la jueza resolvió sobreseer de inmediato al acusado e intervenir únicamente mediante el sistema de asistencia social, dejando desamparada a la víctima de la tentativa de delito.
Tapia remarcó que la denuncia no pretende convertir al Consejo de la Magistratura en una instancia superior de apelación, sino sancionar un fallo que excede cualquier margen de interpretación tolerable y contraviene flagrantemente la legislación vigente para priorizar posturas ideológicas.
La doctrina de la impunidad: Las confesiones de Eugenio Zaffaroni
El accionar de De Marinis pone en evidencia la persistencia del garantismo extremo en sectores de la magistratura argentina, una corriente fundada teóricamente por el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni. Para esta visión, los derechos de las víctimas y de la sociedad quedan relegados frente a la premisa de considerar al delincuente como la única parte vulnerable del proceso.
El propio Zaffaroni expuso sin eufemismos el fundamento de este accionar durante una entrevista concedida a la revista Rolling Stone en agosto de 2003, cuando ya estaba confirmada su designación en el Máximo Tribunal. En aquel “sincericidio”, el exmagistrado declaró textualmente cómo concebía la tarea de un juez penal para salvar a un delincuente:
“Abrís un expediente y decís: ‘A ver cómo lo zafo a éste…’. Y si zafarlo no está bien, entonces digo: ‘A ver cómo hago para que la lleve más aliviada’. Abriendo un expediente así, con esa idea, vas a dormir tranquilo siempre. En definitiva, la función del juez penal es contener el poder punitivo, ¿viste? Poder decir: Bueno, hasta acá. En el ejercicio del poder punitivo llega un momento del proceso en que el acusado está solo, todos contra él. Hasta que llega un Tribunal que dice: Vamos a ver cómo compensamos esto”.
Críticos de este modelo advierten que la resolución de la jueza De Marinis no hace más que prolongar la aplicación práctica de esa misma lógica: un esquema donde el sistema judicial opera para “zafar” o aliviar el juzgamiento de quienes delinquen, mientras las víctimas y la ciudadanía sufren las consecuencias del desamparo institucional.
Oscuros antecedentes
En 2023, Laura de Marinis dejó sin efecto la prisión domiciliaria de un joven violento condenado por golpear a un sereno en un estacionamiento de Monserrat. El agresor había recibido una condena de cuatro años y seis meses de prisión por el ataque contra el trabajador. Al momento de la agresión tenía 17 años y López, de 67, quedó inconsciente después de recibir una fuerte trompada en la cara. El golpe le provocó graves secuelas y la víctima permaneció internada durante un largo período.
