En cualquier otra democracia consolidada, un ejercicio del poder fundamentado en la arbitrariedad, el desprecio a las instituciones y el cerco constante a la legalidad sería calificado sin tapujos como un régimen autoritario. Las calles estarían permanentemente ocupadas por una ciudadanía movilizada en defensa de sus derechos y no reactiva de forma esporádica. Sin embargo, en la España actual, la normalización del exceso ha permitido que la hegemonía personalista de Pedro Sánchez avance sin freno, bajo un estilo de gobernanza donde la soberbia y el desinterés por el marco constitucional parecen ser las únicas reglas del juego.
Nada parece importar cuando el objetivo único es la supervivencia política. La gestión de Sánchez ha cruzado la línea de la mera confrontación partidista para adentrarse en dinámicas de corte chavista, donde la ley no es un límite al poder, sino un obstáculo a demoler o retorcer según convenga.
El reciente varapalos del Tribunal Supremo —que ha estimado las medidas cautelares promovidas por Iustitia Europa y Vox para frenar los intentos de manipulación electoral de cara a 2027 a través de la Ley de Nietos— es solo el último recordatorio de que la contención institucional es lo único que se interpone entre su proyecto personal y la arbitrariedad absoluta.
El cerco de la corrupción, que salpica tanto a su entorno político más cercano como a su ámbito familiar, parece dejar indiferente a un personaje que actúa desde la convicción de ser intocable. Alimentado por un ego desmedido, Sánchez opera con la omnipotencia que le concede no solo su propia falta de escrúpulos, sino también la desconcertante pasividad de una oposición que no termina de estar a la altura de la gravedad del momento histórico.
Esta desconexión de los intereses reales de la nación se evidencia en episodios de abandono explícito, como el que sufre Ceuta, muestra fehaciente de cómo la soberanía y la seguridad de los territorios clave se subordinan a los pactos de conveniencia y a la agenda personal del Presidente.
La deriva es innegable. Cuando el ejercicio del gobierno se reduce a la conservación del sillón pisoteando los derechos de los ciudadanos, la soberanía nacional y la división de poderes, el calificativo deja de ser el de un líder democrático para convertirse en el de un régimen tiránico. España se enfrenta al desafío de reaccionar antes de que el deterioro institucional sea irreparable.
