El Gobierno de la República Argentina presentará una denuncia penal ante la Cámara Federal porteña contra cinco empresas petroleras asociadas al Reino Unido y sus respectivas autoridades, tras detectarse actividades de búsqueda y extracción de hidrocarburos no autorizadas en el área de las Islas Malvinas.
La medida, informada a través de un comunicado emitido por la Oficina del Presidente Javier Milei, estará a cargo del canciller Pablo Quirno y contará con el patrocinio legal del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.
Las empresas denunciadas y el proyecto Sea Lion
La acción penal se dirige de forma explícita contra cinco firmas:
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Navitas Petroleum Development & Production Ltd.
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Navitas Petroleum Atlantic United
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Navitas Petroleum LP
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JHI Associates Inc.
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Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
De acuerdo con el reporte oficial, tres de estas corporaciones —Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.— habrían recibido licencias otorgadas de manera ilegítima por el Reino Unido para avanzar en el proyecto hidrocarburífero conocido como Sea Lion.
La denuncia argentina no solo se limita a las personas jurídicas, sino que se extiende a la responsabilidad penal individual de directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios y representantes de las firmas que hayan intervenido en la planificación o ejecución de las actividades.
Marco legal y defensa de la soberanía
Para el Ejecutivo nacional, el otorgamiento de permisos por parte de las autoridades británicas vulnera de forma flagrante la normativa nacional reguladora de los recursos naturales en la plataforma continental argentina.
El planteo judicial se fundamenta en la Ley 26.659, normativa que tipifica y establece sanciones administrativas y penales a toda persona física o jurídica que ejecute tareas de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin contar con la habilitación expresa de las autoridades competentes del país.
Desde la Oficina del Presidente destacaron que la decisión de acudir a la Justicia busca «proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina» sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
El comunicado
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 7, 2026
