El Estado uruguayo debe intervenir en el ámbito del transporte fluvial e impedir otra actitud monopólica improcedente de Buquebus. Luego de que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) otorgara formalmente la autorización a la empresa Colonia Express (Lumary S.A.) para explotar la línea de pasajeros y vehículos entre Montevideo y Buenos Aires con el buque Montevideo Express, el sistema estatal colapsó ante la primera traba corporativa: la falta de infraestructura de desembarco.
La razón del bloqueo es tan insólita como inexplicable. En el muelle público del Puerto de Montevideo existe un único pontón flotante apto para el desembarco de vehículos en las bodegas, y dicha estructura es propiedad de Buquebus (Los Cipreses S.A.). Ante la solicitud de Colonia Express para establecer un uso común y regulado de la plataforma, la naviera de Juan Carlos López Mena se negó rotundamente.
Lejos de ejercer la autoridad que le confiere la ley sobre el dominio público, la Administración Nacional de Puertos (ANP) reaccionó con un encogimiento de hombros institucional, declarando que se trata de un debate «entre privados» y sugiriendo que «se arreglen entre ellos».
Muelle público, reglas feudales
La postura de la ANP no solo es intelectualmente ilógica, sino institucionalmente inadmisible. El muelle es propiedad del Estado uruguayo, no un feudo personal de López Mena. Pretender que la autoridad portuaria carece de competencia sobre lo que ocurre en sus propias instalaciones es una claudicación inaceptable de sus deberes funcionales.
La irregularidad adquiere tintes de escándalo cuando se repasa el marco legal vigente:
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Concesión vencida: En marzo de 2015, al finalizar su mandato, el expresidente José Mujica decidió no renovar ni otorgar más prórrogas a la concesión de la terminal de pasajeros que Buquebus mantenía desde noviembre de 1994.
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Ausencia de derechos: Tras más de 20 años de explotación y casi una década de inacción estatal para concretar un nuevo llamado a licitación pública, Buquebus opera sin ningún tipo de «derechos adquiridos» que le permitan decidir quién atraca y quién no en una infraestructura estatal.
Permitir que un privado utilice un pontón para adueñarse de facto de un muelle público representa una maniobra de prepotencia e intolerancia comercial que consolida, por la vía de los hechos, un monopolio salvaje en el transporte del Río de la Plata.
La vía judicial
Ante la grave situación, las empresas autorizadas deben recurrir a la Justicia para que las autoridades hagan cumplir la ley. El director de Colonia Express, Sebastián Planas, confirmó que la firma solicitará una medida cautelar de amparo ante el Poder Judicial.
El recurso legal no estará dirigido únicamente contra Buquebus, sino de forma directa contra el MTOP y la ANP, responsabilizando a ambos organismos por ser parte activa del problema al otorgar permisos en el papel que luego son incapaces de garantizar en la realidad.
El Estado debe actuar
El gobierno no puede otorgar licencias comerciales con una mano y lavarse las manos con la otra. Si el Estado autoriza a una nueva compañía a operar para fomentar la competencia y bajar las tarifas en beneficio de la ciudadanía, tiene el deber insoslayable de proveer las garantías operativas para que dicha autorización no sea un papel mojado.
La ANP tiene la obligación inmediata de resolver el atropello:
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Intimar el uso compartido: Exigir el uso público y regulado de la plataforma actual.
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Retiro y reemplazo: En caso de desacato, retirar de inmediato el pontón privado del muelle público e instalar una infraestructura estatal de libre acceso.
Dejar que Buquebus disponga a su antojo de las instalaciones portuarias uruguayas no es neutralidad; es complicidad por inoperancia. El Estado debe demostrar de inmediato que la autoridad en las costas uruguayas la ejercen los organismos públicos y no los intereses monopólicos de un naviero privado.
