La Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó su creciente preocupación por el aumento de personas fallecidas mientras permanecían bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), al considerar que la expansión del sistema de detención migratoria está acompañada de serias deficiencias en materia de derechos humanos.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a las autoridades estadounidenses a adoptar medidas urgentes para evitar nuevas muertes y garantizar investigaciones rápidas, independientes, imparciales y eficaces sobre cada uno de los casos registrados.
De acuerdo con cifras oficiales de Estados Unidos citadas por la Oficina del Alto Comisionado, al menos 18 personas murieron en centros de detención del ICE durante los primeros cinco meses de 2026, a las que se suma un fallecimiento reportado recientemente. La tendencia preocupa al organismo internacional, ya que el total se aproxima a las 33 muertes contabilizadas durante todo 2025, muy por encima de las 11 registradas en 2024.
Durante una rueda de prensa en Ginebra, la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos, Marta Hurtado, advirtió que la escasa información sobre las circunstancias de estos fallecimientos dificulta la rendición de cuentas y limita la posibilidad de esclarecer responsabilidades.
Türk sostuvo que las familias de las víctimas tienen derecho a conocer la verdad, acceder a la justicia y recibir reparación, al tiempo que insistió en que cualquier funcionario que haya incumplido la ley debe responder por sus actos.
La advertencia de Naciones Unidas coincide con un acelerado crecimiento de la infraestructura de detención migratoria en Estados Unidos. Actualmente, más de 60.000 personas permanecen retenidas por el ICE, frente a las cerca de 40.000 que había a comienzos de 2025, mientras las autoridades proyectan ampliar la capacidad hasta alcanzar 90.000 plazas antes de finalizar 2026.
La Oficina de Derechos Humanos señaló que entre la población detenida existen familias con niños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades o condiciones médicas de alta vulnerabilidad. Asimismo, indicó que ha recibido reportes reiterados sobre atención sanitaria insuficiente, alimentación deficiente, hacinamiento y brotes de enfermedades dentro de algunos centros de detención.
El organismo también expresó inquietud por denuncias relacionadas con el uso excesivo de la fuerza y recordó que cinco de las muertes registradas este año fueron catalogadas oficialmente como suicidios.
Otro de los aspectos señalados por Naciones Unidas es la incertidumbre que enfrentan las familias de los migrantes cuando desconocen el lugar donde permanecen sus seres queridos durante los traslados entre centros de detención, situación que, junto con la prolongación de los procesos migratorios, incrementa el impacto psicológico tanto para los detenidos como para sus familiares.
Türk también cuestionó el uso del aislamiento prolongado dentro de los centros migratorios, al recordar que esta práctica solo debe aplicarse de manera excepcional y que, cuando se prolonga de forma indefinida, puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante.
El Alto Comisionado reiteró que la detención migratoria debe utilizarse únicamente como último recurso y subrayó que nunca debería aplicarse a niños, independientemente de su condición migratoria o la de sus padres. Asimismo, pidió que todos los centros de detención respeten plenamente los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo el acceso oportuno a atención médica y psicológica, asistencia legal, servicios de interpretación, comunicación con las familias y condiciones dignas de alojamiento.
Finalmente, la ONU exhortó a Estados Unidos a restablecer y fortalecer los mecanismos independientes de supervisión de los centros de detención migratoria y recordó que el Congreso tiene la responsabilidad de fiscalizar tanto las prácticas de control migratorio como el uso de los recursos públicos destinados a este sistema. Türk concluyó con un llamado a poner fin a la criminalización y deshumanización de migrantes y refugiados, insistiendo en que ninguna persona debe ser devuelta a un país donde corra riesgo de sufrir graves violaciones a sus derechos humanos.
