Los índices de criminalidad en Uruguay han alcanzado niveles alarmantes. Ante una realidad que desborda las calles, el gobierno finalmente ha decidido dar un paso drástico: incorporar a las Fuerzas Armadas, equipadas con vehículos especiales, para intervenir en las zonas de alta conflictividad donde la policía muchas veces se ve superada.
Esta operativa no es una idea nueva. Es, palabra por palabra, la estrategia que hace años reclamaba con insistencia el exsenador y exministro del Interior, Jorge Larrañaga, de Alianza Nacional de Uruguay.
En su momento, sus propuestas provocaron el rechazo cerrado y la descalificación de quienes hoy, desde el poder, las aplican. La historia tiene vueltas irónicas: el actual gobierno de izquierda se ve obligado por la fuerza de los hechos a instrumentar estas operaciones donde colaboran militares, dándole la razón de forma tardía a Larrañaga. Es un gran reconocimiento a su visión, aunque lamentablemente él ya no esté aquí para verlo.
Sin embargo, el sentido común y la urgencia de los ciudadanos honestos chocan contra el dogma ideológico. A la izquierda radical dentro del oficialismo y a los sindicatos ultras parece no importarles que la tasa de homicidios, los robos y las rapiñas sigan creciendo. Su premisa histórica sigue siendo la misma: poner palos en la rueda. Para estos sectores, el encono visceral hacia los militares es prioritario; vale más que la seguridad y la vida de los uruguayos.
En este escenario de resistencia ideológica, también emergen los personajes de la política menor. Individuos que no acceden a un escaño por sus cualidades o méritos propios, sino colgados de una lista sábana bajo el ala de algún sector del Frente Amplio. Un claro ejemplo de esto es el diputado Sebastián Valdomir, quien, al verse desprovisto de argumentos sólidos para debatir sobre la seguridad pública, decide apelar a lo más bajo y ruin de la condición humana: agraviar con falsedades a un muerto que ya no puede defenderse.
Atacar la memoria de Jorge Larrañaga, quien fue sin lugar a dudas el mejor ministro del Interior desde la vuelta de la democracia en Uruguay, es una muestra de las pequeñas miserias humanas que anidan en ciertos sectores políticos. Como no pueden rebatir su legado ni el hecho de que el tiempo le terminó dando la razón, recurren a la infamia barata contra alguien que ya no está para responderles.
Las resistencias institucionales tampoco tardaron en florecer dentro del propio oficialismo:
Juan Castillo (Ministro de Trabajo / Partido Comunista), salió a cuestionar públicamente a su presidente Yamandú Orsi, aseverando que “no es una buena imagen” poner a las Fuerzas Armadas a colaborar en el combate a una delincuencia feroz que crece de forma alarmante. Al parecer, para el ministro, la “imagen” ideológica pesa más que la sangre en los barrios.
Marcelo Abdala y la cúpula del PIT-CNT: Desde la central sindical se alinearon de inmediato al rechazo, afirmando que “es altamente inconveniente y fuera de todo marco jurídico que militares se desempeñen en acciones de seguridad pública”. Hay marco jurídico, aunque usted, amigo de Maduro, no lo entienda.
El trasfondo de estos discursos y ataques personales deja en evidencia una alarmante escala de valores. Para la ortodoxia sindical y la mediocridad partidaria, parecería preferible que el crimen organizado siga ganando terreno antes que ver a un uniformado defendiendo a los ciudadanos, o reconocer los aciertos de un adversario político.
Mientras la dirigencia radical y los legisladores de lista se enredan en debates abstractos del pasado y en bajezas morales, la ola de asesinatos y violencia en el país aumenta a cifras que hoy ya son espeluznantes. La pregunta que queda flotando en el aire es inevitable: ¿Hasta cuándo se le va a seguir dando alas a la delincuencia por mero prejuicio ideológico y mezquindad política?
