BRASILIA — En una decisión que ha despertado una profunda indignación y cuestionamientos sobre la consistencia judicial del país, la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia (STJ) de Brasil decidió por unanimidad confirmar la absolución de un joven de 18 años acusado de violación de una persona vulnerable contra una menor de 13 años.
A pesar de que las leyes brasileñas prohíben estrictamente la relativización de este delito, los magistrados argumentaron que el caso representa una “excepción” debido a que el acusado y la víctima conviven actualmente como una “familia funcional”.
El núcleo del fallo: Preservar la estructura familiar por encima de la ley
El caso, que se mantiene bajo estricto secreto de sumario, llegó al STJ tras un recurso interpuesto por la Fiscalía de Paraná, que buscaba revertir las sentencias de primera y segunda instancia que ya habían absuelto al implicado.
De acuerdo con el Código Penal brasileño, la violación de una persona vulnerable se configura mediante cualquier acto sexual con un menor de 14 años, acarreando penas de entre 8 y 15 años de prisión. Sin embargo, el tribunal decidió priorizar la situación de convivencia actual entre el agresor y la víctima.
El ministro relator del caso, Messod Azulay Neto, admitió en su voto que la jurisprudencia del propio STJ (Sentencia 918) y la legislación vigente establecen que el consentimiento de la víctima o una relación sentimental previa no anulan el delito. No obstante, justificó el fallo argumentando razones sociales:
«El acusado siempre ha trabajado como portero en Ceasa y como obrero de la construcción; no tiene antecedentes penales. Lo más importante es que forman una familia. Solo se llevan cinco años, no hay violencia ni maltrato, y su relación es estable», declaró el relator, añadiendo que una condena podría “desintegrar la unidad familiar” y apartar al hombre de la vida de sus hijos, explica la insólita sentencia.
Contradicciones y “excepciones” en los votos
La decisión contó con el respaldo unánime de los demás ministros, cuyas posturas evidenciaron una tensa contradicción entre la gravedad del flagelo en el país y la resolución del caso particular:
-
La ministra Marluce Caldas manifestó su preocupación por los alarmantes índices de abuso infantil en Brasil, recordando que 8 de cada 10 casos de violación que llegan a los tribunales corresponden a menores. “Tenemos que transformar esta cultura”, señaló. Pese a ello, votó a favor de la absolución argumentando que se trataba de una “familia consolidada” y que solo se estaba ratificando lo decidido por las instancias inferiores.
-
El ministro Ribeiro Dantas defendió la flexibilidad penal frente al castigo: «¿Acaso vamos a arrebatárselo [el entorno familiar] en nombre de la inflexibilidad y el punitivismo, limitándonos a imponer sanciones?», cuestionó.
-
El ministro Joel Paciornik cerró la votación destacando la “pequeña diferencia de edad”, el “consentimiento familiar” y la existencia de una relación sentimental estable como factores determinantes.
Un fallo a contracorriente de la nueva Ley 15.353
La resolución del STJ resulta especialmente desconcertante dado el reciente marco legal del país. En marzo de este año, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgó la Ley 15.353, una norma creada específicamente para prohibir la relativización de la violación de vulnerables.
Dicha ley establece una presunción absoluta de vulnerabilidad en menores de 14 años, lo que en teoría impide a cualquier tribunal considerar atenuantes como el consentimiento, las relaciones afectivas o el contexto familiar para eximir de culpa a los agresores. Esta legislación civil nació precisamente como respuesta a un escándalo similar en el Tribunal de Justicia de Minas Gerais, donde se había absuelto al violador de una niña de 12 años.
Con esta nueva sentencia, el STJ abre un preocupante precedente que, a ojos de los defensores de los derechos de la infancia, debilita la protección judicial de los menores y envía un mensaje de alarmante inconsistencia en la aplicación de la ley penal en Brasil.
