CARACAS, Venezuela – Las organizaciones no gubernamentales SOS Orinoco y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) denunciaron este martes (9) el despliegue de un fuerte operativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el sur del estado Bolívar, específicamente entre los kilómetros 33 y 88, abarcando las localidades de Las Claritas, Las Brisas y Las Cristinas (Municipio Sifontes).
De acuerdo con los reportes, el despliegue del Ejército incluye el uso de aeronaves artilladas en enfrentamientos contra líderes armados de la minería ilegal, presuntamente vinculados a la banda de alias “Juancho”. Ante el desarrollo de las acciones, ambas organizaciones alertaron sobre el alto riesgo de violaciones a los derechos humanos de los civiles atrapados en el conflicto.
Choques armados en áreas estratégicas
SOS Orinoco, que realiza un seguimiento sistemático en la zona desde 2018 mediante redes locales, confirmó la veracidad de los operativos e instó a la ciudadanía a tener precaución con la desinformación y videos viejos que circulan en plataformas digitales. La ONG señaló que este conflicto no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una “gobernanza criminal” consolidada desde 2016 con la creación del Arco Minero del Orinoco.
“El origen de esta dinámica se remonta a 2016, cuando se decretó el Arco Minero: más de 111.000 km² entregados sin aprobación legislativa, sin consulta ciudadana previa y sin estudios de impacto socioambiental”, denunció la organización, afirmando que el modelo fue diseñado para favorecer economías ilícitas y el control territorial de grupos irregulares.
Asimismo, subrayaron que las zonas donde se ejecuta la operación (Las Brisas y Las Cristinas) poseen enormes reservas minerales y antecedentes de disputas legales internacionales, lo que evidencia “fuertes presiones políticas” para reconfigurar el control del territorio.
El fantasma de las OLP y temor a ejecuciones extrajudiciales
Por su parte, PROVEA alertó en sus canales oficiales sobre el peligro inminente de que se registren ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias contra la población civil ajena al conflicto. La ONG recordó los antecedentes de operativos militares previos en zonas mineras y populares del país.
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Antecedentes críticos: Operaciones previas como las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) y los “Operativos Trueno” dejaron un saldo de cientos de abusos y atropellos contra civiles.
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La postura de PROVEA: “El abandono del Estado no puede ser sustituido mediante la actuación pendular basada en el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza pública”, señalaron.
Exigencias al Estado venezolano
Ambas organizaciones coincidieron en que el uso exclusivo de la “fuerza bruta” no solucionará la crisis estructural en el estado Bolívar y que, por el contrario, podría desencadenar desplazamientos masivos de población, violencia contra inocentes y la agudización de la crisis humanitaria.
Ante este escenario, las ONG presentaron las siguientes exigencias a las autoridades venezolanas:
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A la Defensoría del Pueblo: Intervenir de manera inmediata para supervisar el operativo y garantizar el respeto a los derechos humanos y al debido proceso.
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A la administración central: Transparencia absoluta sobre el alcance de la operación, el número de detenidos y la situación legal de los civiles en el área.
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Una estrategia integral: Diseñar un plan basado en el ordenamiento territorial estricto, la atención social y el restablecimiento ambiental, concluyendo que es imposible estabilizar el sur del Orinoco sin desmontar el modelo mafioso que expandió la minería ilegal.
El Ejército venezolano despliega un mega-operativo en Las Cristinas y el km 88 del Edo. Bolívar.
Alertamos sobre el riesgo de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias contra la población civil en la zona.
Fuentes confirmaron a PROVEA que la operación está siendo… pic.twitter.com/DwQHSMjpOj
— PROVEA (@_Provea) June 9, 2026
