Trece países del Escudo de las Américas respaldan al gobierno de Rodrigo Paz y condenan intentos de desestabilización en Bolivia

Declaración conjunta advierte sobre acciones que afectan el abastecimiento de bienes esenciales y llama a preservar el orden democrático en el país

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Los países integrantes del mecanismo regional Escudo de las Américas manifestaron su apoyo al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz y condenaron las acciones que, según sostienen, buscan socavar la estabilidad institucional y desconocer la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

A través de una declaración conjunta suscrita por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, los gobiernos firmantes señalaron que Bolivia enfrenta intentos de desestabilización impulsados por sectores que pretenden revertir el rumbo político definido por los votantes.

El documento sostiene que determinadas movilizaciones y bloqueos en las carreteras están afectando la distribución de alimentos, medicamentos y otros productos indispensables para la población. Los países firmantes consideran que estas acciones generan perjuicios directos a los ciudadanos y obstaculizan el funcionamiento normal del país.

Asimismo, la declaración afirma que detrás de algunas de estas protestas existirían intereses vinculados a actividades ilícitas, incluyendo redes relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. En ese contexto, los gobiernos solicitaron que los responsables sean investigados y respondan ante la justicia por sus acciones.

Los miembros del Escudo de las Américas destacaron que el gobierno de Paz cuenta con legitimidad democrática y reiteraron su respaldo a las instituciones del país. También hicieron un llamado a los distintos actores sociales y políticos a canalizar sus demandas mediante mecanismos de diálogo y entendimiento, aprovechando la disposición expresada por las autoridades bolivianas para buscar soluciones consensuadas.

Finalmente, la declaración exhorta a quienes mantienen reclamos legítimos a evitar que sus demandas sean utilizadas con fines políticos por grupos que, según los firmantes, buscan recuperar espacios de poder al margen de los procesos democráticos.