En una resolución aprobada este jueves -después del anuncio de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, el 23 de abril del fin de la amnistía- con 507 votos a favor, 31 en contra y 35 abstenciones, el pleno lamenta que no se haya liberado a todos los presos políticos en el país. Los eurodiputados señalan que aún hay como mínimo 470 personas injustamente encarceladas en condiciones inhumanas y denuncian que la derogación prematura de la ley, su alcance limitado, la falta de supervisión independiente y su aplicación discriminatoria no han proporcionado ninguna base para la reconciliación política.
Los eurodiputados instan al régimen a que ponga fin a la represión y reforme las principales instituciones judiciales, policiales y electorales, incluido el cierre de todas las instalaciones utilizadas para las detenciones arbitrarias. Subrayan que la Ley de Amnistía no debe aplicarse en ninguna circunstancia para proteger a los responsables de violaciones de los derechos humanos, que deben rendir cuentas ante la justicia, y que se debe garantizar el retorno seguro y sin represalias de las personas que lo deseen.
Mantenimiento de las sanciones
El PE insiste en que el Consejo debe mantener las sanciones impuestas a los responsables de violaciones de los derechos humanos hasta que se adopten medidas hacia una transición pacífica a la democracia, liderada por Venezuela y respetuosa con su soberanía. Estas medidas deben incluir la liberación incondicional de todos los presos políticos, la recuperación de sus derechos civiles y políticos, la retirada y anulación de todos los cargos por motivos políticos contra la oposición y el establecimiento de una hoja de ruta creíble hacia unas elecciones libres y justas.
Antecedentes
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el 19 de febrero por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que extingue la responsabilidad penal por hechos ocurridos en el país en los últimos 26 años y ha permitido la liberación de cientos de presos. Su objetivo era promover la paz social, la convivencia democrática y la reconciliación nacional, aunque los opositores al régimen de Nicolás Maduro y las organizaciones de la sociedad civil lamentan que no haya beneficiado a todos los presos políticos.
