Informe de la ONU advierte desplazamientos forzados y reclutamiento de menores por grupos armados en Colombia

Representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvieron un encuentro para revisar el panorama de derechos humanos en Colombia durante 2025 y discutir los principales desafíos derivados de la violencia de grupos armados y organizaciones criminales

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El representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Scott Campbell, se reunió con el viceministro de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mauricio Jaramillo Jassir, y con el director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Cancillería, Nelson Javier Restrepo, para analizar la situación de los derechos humanos en el país.

Durante el encuentro, Campbell expuso ante las autoridades colombianas los principales resultados del informe más reciente presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el que se evalúa el estado de las garantías y vulneraciones de derechos fundamentales en Colombia durante 2025.

El balance presentado señala que, a pesar de algunos avances institucionales, persisten importantes desafíos en diferentes regiones del país debido a la presencia y actuación de grupos armados no estatales y organizaciones criminales. Según el informe, estas dinámicas continúan generando graves impactos en la población civil, entre ellos desplazamientos forzados, confinamientos de comunidades, homicidios selectivos y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.

En el diálogo también se subrayó la relevancia de avanzar de manera integral en la implementación del Acuerdo Final de Paz, particularmente en aspectos relacionados con la reforma rural, la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y el fortalecimiento de la presencia institucional en los territorios más afectados por el conflicto.

Las partes coincidieron en la necesidad de mantener y profundizar la cooperación entre el Gobierno de Colombia y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este trabajo conjunto, señalaron, es clave para impulsar acciones que garanticen la protección de la población, respalden los esfuerzos de consolidación de la paz y contribuyan a crear condiciones de seguridad humana que favorezcan una participación democrática más amplia en el país.