En su primera jornada al mando del Ejecutivo, el Presidente de Chile, José Antonio Kast firmó en el Palacio de La Moneda un conjunto de decretos e instrucciones destinadas a marcar el rumbo inicial de su administración. Las disposiciones abarcan áreas clave como seguridad fronteriza, coordinación institucional, reactivación de inversiones y revisión del funcionamiento del aparato público.
Entre las medidas más inmediatas se encuentra la implementación de una Política Nacional de Cierre Fronterizo, que incluye la declaración de Zona Militar en el tramo más vulnerable del límite con Bolivia. La normativa delimita un sector específico para establecer un control territorial reforzado, el cual quedará bajo responsabilidad de las Fuerzas Armadas.
El plan contempla un aumento de presencia militar en puntos críticos de la macrozona norte, además de la incorporación de nuevas herramientas de vigilancia, como drones y sensores optrónicos, junto con mejoras en los sistemas de comunicación en la franja fronteriza. Las acciones abarcarán principalmente las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
En paralelo, el mandatario designó a Alberto Soto Valenzuela como Comisionado Presidencial para la Macrozona Norte. La nueva autoridad tendrá atribuciones de coordinación intersectorial para enfrentar la migración irregular y los delitos de carácter transnacional. Entre sus funciones estarán articular el trabajo de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones en la frontera, además de coordinar a los servicios fiscalizadores y proponer estrategias contra el narcotráfico y el crimen organizado.
El decreto que establece su nombramiento fija su dependencia administrativa del Ministerio del Interior y establece vínculos operativos con el Estado Mayor Conjunto, la Coordinación Nacional de Control de Fronteras y las jefaturas de áreas fronterizas.
Otra de las decisiones centrales fue la puesta en marcha del Plan Escudo Fronterizo, iniciativa que asigna al Ejército de Chile un rol protagónico en la protección de la zona norte. El programa se estructura en cuatro ejes estratégicos orientados a consolidar una política fronteriza de carácter nacional.
El primero apunta a reforzar la protección del límite territorial, con el objetivo de asegurar soberanía efectiva y eliminar los pasos no habilitados. El segundo eje busca fortalecer la coordinación institucional entre los ministerios del Interior, Defensa y Seguridad Pública bajo un esquema de mando integrado. A ello se suma un tercer componente de modernización tecnológica, que contempla el uso de cámaras térmicas, sistemas biométricos y barreras físicas en sectores estratégicos. Finalmente, el cuarto eje establece que los procedimientos de reconducción o rechazo de migrantes deberán ejecutarse dentro del marco legal vigente.
El plan también fija tareas específicas para distintos ministerios con un plazo máximo de 90 días para su implementación. Interior deberá revisar el Decreto N.º 78 y promover modificaciones legales orientadas a desincentivar la inmigración irregular. Defensa evaluará cambios al DFL N.º 1 de 2023 sobre Reglas de Uso de la Fuerza, con el fin de ampliar las herramientas para enfrentar el ingreso clandestino, además de garantizar atención permanente en los pasos fronterizos. Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas será responsable de desarrollar las barreras físicas que se determinen necesarias.
La firma de los decretos se realizó en una ceremonia en La Moneda que contó con la presencia de los ministros del Interior, Defensa, Seguridad Pública, Bienes Nacionales, Hacienda, Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Social, junto al comandante en jefe del Ejército y el recién designado comisionado presidencial para la macrozona norte.
