El Gobierno de Ecuador dispuso este miércoles 4 de marzo la expulsión del embajador de Cuba en Quito, Basilio Gutiérrez, así como de todo el personal diplomático, consular y administrativo de la isla acreditado en el país andino, otorgándoles un plazo de 48 horas para abandonar el territorio nacional.
La decisión fue comunicada mediante una nota verbal emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en la que se declara persona non grata a la totalidad de la misión cubana. Según la Administración del presidente Daniel Noboa, la medida se sustenta en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que faculta al Estado receptor a declarar no aceptable a cualquier miembro del personal diplomático sin necesidad de exponer los motivos.
En paralelo, el mandatario ordenó el retiro del embajador ecuatoriano en La Habana, José María Borja, quien ocupaba el cargo desde 2021 y tenía concurrencia diplomática en Jamaica, San Vicente y las Granadinas y Dominica. El decreto ejecutivo invoca el artículo 141 de la Constitución, que establece que el presidente ejerce la función ejecutiva y es jefe de Estado y de Gobierno, así como el artículo 147, que le otorga la atribución de nombrar y remover a funcionarios públicos.
Respuesta cubana
Desde La Habana, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba reaccionó con dureza, al rechazar “en los términos más enérgicos” lo que calificó como una decisión “arbitraria e injustificada”. La Cancillería cubana señaló que la expulsión colectiva constituye un acto inamistoso y sin precedentes, y advirtió que afecta de manera significativa las históricas relaciones de cooperación entre ambos países.
El Gobierno cubano aseguró además que el personal de su embajada en Quito ha actuado conforme a lo establecido en la Convención de Viena de 1961, respetando las leyes y reglamentos ecuatorianos y absteniéndose de intervenir en asuntos internos.
En su pronunciamiento, La Habana sugirió que la medida no es ajena al contexto regional e internacional, marcado —según indicó— por un recrudecimiento de la política de Estados Unidos hacia Cuba y por presiones a terceros países, en vísperas de una cumbre convocada para el 7 de marzo en Miami con participación limitada de gobiernos de la región.
