Detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros (BIPE) de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a un ciudadano venezolano de 32 años, en condición migratoria regular, por su presunta autoría en el delito de amenazas contra la autoridad, luego de una serie de mensajes intimidatorios dirigidos a la diputada Camila Musante (IND-PPD).
Los hechos se remontan a junio de este año, cuando el imputado habría enviado mensajes amenazantes a la parlamentaria, los cuales fueron oportunamente denunciados. Entre ellos, se incluía la frase: “Ojalá apareciera muerta en una bolsa negra cortesía del Tren de Aragua”.
El subprefecto Hassel Barrientos, de la PDI, informó que “damos cuenta de la detención de una persona extranjera de 32 años en condición migratoria regular en nuestro país, por su responsabilidad como autor del delito de amenazas contra la autoridad”, agregando que “esta persona, en el mes de junio del presente año, envía una serie de mensajes amenazantes en contra de una honorable diputada de la República”, en referencia a Camila Musante.
Barrientos precisó que, conforme a los antecedentes recabados, el Ministerio Público gestionó la orden de detención, la que se materializó este jueves, quedando el imputado a disposición del Juzgado de Garantía respectivo para el control de detención.
Diputada cuestiona fallo judicial
Tras la audiencia, el tribunal decretó como medida cautelar el arraigo nacional del imputado, pese a que la Fiscalía había solicitado arresto domiciliario. La resolución fue duramente cuestionada por la diputada Musante, quien manifestó su molestia con el actuar de la justicia.
“No se trata de un hecho aislado. Como es de público conocimiento, he sido amenazada de muerte en más de una ocasión y lo he llevado ante la justicia. Lamentablemente, el sujeto detenido e identificado, y quien confesó los hechos de la amenaza, solo queda con una medida de arraigo nacional, pese a que la Fiscalía solicitó arresto domiciliario”, señaló la parlamentaria.
En ese contexto, Musante cuestionó el criterio adoptado por el tribunal y el equilibrio entre los derechos de los imputados y la protección de las víctimas. “Nos preguntamos una vez más: ¿de qué lado está la justicia? ¿Está del lado del crimen, solo del lado de los imputados? ¿O se respetará el derecho de las víctimas a tener un debido resguardo y protección?”, concluyó.
La investigación continúa bajo la dirección del Ministerio Público.
