La agencia de Naciones Unidas ha conseguido reunir apenas US$6,5 millones de los US$30 millones solicitados para atender a 100.000 damnificados. Con los recursos disponibles, la organización calcula que podrá asistir a unas 43.000 personas, una cobertura insuficiente para responder a las necesidades de las familias que todavía intentan recuperarse de la catástrofe.
El terremoto, de magnitud 7,4, dejó un saldo de 335 fallecidos, más de 100 desaparecidos y casi 487.000 afectados en 16 departamentos. Los daños alcanzaron a cerca de 207.000 viviendas, de las cuales unas 36.000 quedaron destruidas. Dos meses después, alrededor de 2.700 personas continúan alojadas en refugios temporales y más de 286.000 niños y adolescentes siguen estudiando en instalaciones provisionales.
El Niño amenaza con agravar la emergencia
A las consecuencias del desastre se suma la intensificación de El Niño, cuyas condiciones fueron confirmadas el 8 de octubre por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). El organismo advirtió sobre posibles episodios de escasez de agua e incendios forestales, además de pérdidas en las actividades económicas de las comunidades afectadas.
Los primeros indicadores reflejan la presión que soportan los territorios. Según el Instituto Nacional de Salud, los casos de dengue aumentaron más de un 30% durante septiembre en Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. A esto se añade la destrucción de más de 26.500 hectáreas por incendios forestales en el conjunto del país.
El escenario también presenta riesgos asociados a las lluvias repentinas, que podrían desencadenar deslizamientos en terrenos debilitados por el movimiento sísmico. Esta combinación de amenazas climáticas y daños estructurales podría dificultar las labores de reconstrucción y aumentar las necesidades de asistencia en los próximos meses.
La situación resulta especialmente compleja para las comunidades rurales, indígenas y afrocolombianas. Una evaluación de la OIM determinó que el 87% de los municipios afectados registra niveles de pobreza multidimensional superiores al promedio nacional. En Chocó, además, los daños en carreteras e infraestructuras dificultan el acceso a las poblaciones, una barrera que se suma a las restricciones derivadas del conflicto armado.
La reconstrucción depende de nuevos recursos
Ante la evolución de la emergencia, la OIM está reorientando parte de sus operaciones desde la respuesta inmediata hacia la recuperación de las comunidades. Hasta ahora, ha prestado asistencia a más de 10.000 personas en 51 municipios mediante la distribución de suministros de agua e higiene, el despliegue de equipos médicos y la implementación de medidas de protección.
Sus programas también incluyen apoyo para reparar viviendas, subsidios de alquiler y servicios de protección dirigidos a mujeres y niños. Asimismo, la organización ha proporcionado atención psicológica a más de 450 rescatistas y trabajadores de emergencia que participaron en las labores de respuesta.
El objetivo es facilitar que las familias abandonen progresivamente los alojamientos temporales y recuperen condiciones de vida estables, con viviendas seguras y fuentes de ingresos sostenibles. Sin embargo, la insuficiencia de fondos amenaza con frenar esta transición antes de que las comunidades hayan superado las consecuencias más graves del terremoto.
La OIM insistió en la necesidad de movilizar financiación urgente para evitar interrupciones en la asistencia. La organización advirtió de que la falta de recursos podría dejar sin cobertura a decenas de miles de damnificados justo cuando los riesgos climáticos incrementan la presión sobre los servicios básicos y los medios de subsistencia.
