La cuestionada Corte Penal Internacional (CPI) expresó su rechazo a las sanciones impuestas a sus funcionarios en virtud de una orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“La Corte Penal Internacional condena la publicación por Estados Unidos de una orden ejecutiva que busca imponer sanciones a sus funcionarios y perjudicar su labor judicial independiente e imparcial”, dice una declaración emitida por el organismo.
El texto señala que la CPI “se compromete a continuar brindando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades alrededor del mundo, en todas las situaciones en las que actúa”, pero crecen las críticas a la Corte Penal Internacional ante el silencio que sigue guardando sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
“Hacemos un llamado a nuestros 125 Estados Parte, la sociedad civil y todas las naciones del mundo a permanecer unidos por la justicia y los derechos humanos fundamentales”, concluye la declaración de la CPI.
Caso Venezuela: el silencio sospechoso de la CPI
La polémica Corte Penal Internacional (CPI), tiene las pruebas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro y pasan los meses y los años y no condena los excesos de la dictadura chavista y esto se contrapone con la celeridad con la que ha condenado a Israel en Gaza, pero no resuelve las graves hechos de Venezuela.
Sobre el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, recaen varias sospechas y una de ellas es que estaría protegiendo al dictador Nicolás Maduro, porque con las pruebas concretas que ya tiene desde hace muchos meses, no ordena la captura del tirano por crímenes de lesa humanidad, denuncian analistas internacionales.
Karim Khan, ha quedado expuesto ante la opinión de analistas de casos sobre delitos de lesa humanidad, tras la renuncia de uno de los principales asesores del organismo, Claudio Grossman, que se ha mostrado inconforme con la demora de Khan en acusar a Nicolás Maduro, luego de una extensa investigación no ha emitido la orden de captura del dictador venezolano.
Según informó la CNN, la renuncia de Grossman a la CPI ocurre luego de que a principios de noviembre la Fundación Arcadia, una organización no gubernamental con sede en Washington que declara promover la democracia y combatir la corrupción, solicitara el retiro del fiscal de la investigación sobre presuntos delitos de lesa humanidad cometidos desde 2014 en Venezuela, citando un supuesto conflicto de interés debido a la relación familiar de Khan con una integrante del equipo de abogados del Gobierno de Maduro.
Las graves acusaciones contra el fiscal Karim Khan
Las acusaciones contra el fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, aumentan día a día, según analistas, por la “demora con mala intención” en emitir el fallo contra Maduro y pedir la captura del tirano chavista, a pesar de tener pruebas fehacientes de sus delitos de lesa humanidad.
Desde la oposición venezolana y desde otros ámbitos internacionales se exige que el fiscal resuelva y no siga alargando la sentencia.
La Fundación Arcadia con sede en Estados Unidos, presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) una solicitud formal de recusación inmediata contra el fiscal Karim Asad Ahmad Khan en el caso El Fiscal vs. Nicolás Maduro Moros (Venezuela I), firmada por Robert Carmona-Borjas, CEO y cofundador, y José Vicente Carrasquero A., director de Estrategias de Resolución de Conflictos.
La petición argumenta un conflicto de interés grave que compromete la imparcialidad del Fiscal y pone en riesgo la integridad del proceso judicial, con implicaciones profundas para la credibilidad de la CPI. El conflicto de intereses derivado de la relación familiar entre el fiscal Karim Khan y Venkateswari Alagendra, abogada defensora de Nicolás Maduro en este mismo caso. El vínculo, revelado recientemente por fuentes de alta credibilidad, como The Washington Post, generado preocupaciones sobre la imparcialidad requerida en las funciones del fiscal, como lo estipula el Estatuto de Roma, documento rector de la Corte Penal Internacional..
Obviamente, la relación familiar entre el Fiscal Khan y la abogada defensora Alagendra impacta la independencia e imparcialidad requeridas por la CPI, particularmente siendo un caso que involucra a Nicolás Maduro como perpetrador de crímenes de lesa humanidad. La mera apariencia de parcialidad es suficiente para socavar la confianza del público, las víctimas y la comunidad internacional en la Corte Penal Internacional.
El Estatuto de Roma exige que el Fiscal no participe en actividades que puedan interferir con sus funciones o afectar la confianza en su independencia. La relación familiar entre Khan y Alagendra viola este principio y constituyendo un claro motivo para la recusación. La Fundación subraya que existe una “duda legítima” sobre la imparcialidad del fiscal, suficiente para justificar su apartamiento conforme con el Estatuto de Roma.
Otro punto de gravedad para la recusación es que el fiscal incumplió sus obligaciones éticas profesionales. El Estatuto de Roma lo obliga a que las investigaciones se realicen de manera imparcial y su relación familiar con la abogada de Maduro compromete seriamente el desempeño de sus funciones sin prejuicios.
En el caso el Fiscal vs. Ngudjolo Chui (ICC-01/04-02/12), la CPI determinó que la mera apariencia de un conflicto de intereses era motivo suficiente para la recusación de un funcionario judicial, independientemente de que se haya demostrado un sesgo real. En el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en el caso El Fiscal vs. Anto Furundžija (ICTY-95-17/1), se subrayó la importancia de la imparcialidad percibida para mantener la integridad de los procedimientos judiciales.
El fiscal debió apartarse del caso motu proprio por convicción ética. La independencia y la imparcialidad son fundamentales para el resguardo del prestigio y la legitimidad de la CPI. La revelación del vínculo familiar entre el fiscal Khan y la defensora de Maduro, Alagendra, ha erosionado la confianza pública en la capacidad para actuar con neutralidad. En un artículo publicado el 6 de septiembre de 2024, The Washington Post informa de un conflicto de interés que exacerba las preocupaciones sobre la imparcialidad de Khan en el caso Venezuela I.
En paralelo, el fiscal Karim Khan está siendo investigado por acoso sexual
El 12 de noviembre de este año, la presidenta de la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI), Päivi Kaukoranta, anunció una investigación externa sobre el comportamiento del fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, por supuesta conducta indebida.
“Tras las consultas con la oficina de la Asamblea de los Estados Partes, solicito en nombre de la presidencia de la asamblea, una investigación externa sobre cuestiones relacionadas con el presunto comportamiento indebido del fiscal del CPI”, señaló Kaukoranta en el comunicado.
El objetivo de esta investigación es garantizar un proceso completamente independiente, imparcial y justo, conforme con el marco jurídico de la CPI, añadió la presidenta.
Anteriormente, los medios informaron que la CPI iniciará una investigación contra su propio fiscal, acusado de acoso sexual.
La Asamblea de los Estados Partes de la CPI comunicó que tiene conocimiento de la información sobre la supuesta conducta inapropiada de Khan hacia un empleado de su oficina, sin especificar los detalles de las acusaciones.
Javier Milei cuestiona al fiscal jefe de la CPI
El presidente argentino Javier Milei cuestiona al fiscal Karim Khan por seguir guardando silencio sobre los crímenes de lesa humanidad de Nicolás Maduro.
Milei, al referirse al pedido arresto de Netanyahu y no el de Nicolás Maduro, dijo en un comunicado: “Esta resolución, emitida por el fiscal Karim Khan, quien todavía adeuda una resolución contra el dictador comunista Nicolás Maduro por sus crímenes de lesa humanidad, subvierte a la víctima y la intenta posicionar como el victimario”, expuso el mandatario argentino.
