En una emotiva ceremonia, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, lideró la conmemoración de los 51 años del Golpe de Estado en Chile, acompañado por autoridades de Gobierno, parlamentarios y parlamentarias, familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, así como representantes de organizaciones de Derechos Humanos. El acto, realizado en el Palacio de La Moneda, sirvió como un espacio de reflexión y memoria sobre uno de los momentos más dolorosos de la historia reciente del país.
En su intervención, el Mandatario destacó la importancia de no olvidar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, y anunció que se dará suma urgencia a la tramitación de un proyecto de ley presentado en 2014, que busca excluir la aplicación de amnistía, indulto y prescripción a los crímenes de lesa humanidad perpetrados por agentes del Estado. Esta medida, que implica la derogación de la Ley de Amnistía, responde a las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2006 y 2013.
“Entendemos esta acción no solamente como una apuesta al día de nuestra legislación en materia de derechos humanos, sino también como un acto de reafirmación de que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y que ninguna ley los puede borrar”, señaló el Presidente Boric, en un firme compromiso con la verdad y la justicia.
Durante su discurso, el Presidente también hizo un repaso de los avances en materia de derechos humanos. Destacó el Plan Nacional de Búsqueda, Justicia y Verdad, liderado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el cual tiene como objetivo la localización de los detenidos desaparecidos y la entrega de respuestas a sus familias. Además, mencionó la próxima renovación del Memorial de los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos del Cementerio General, cuyo inicio está previsto para 2025.
Otras iniciativas clave mencionadas por el Presidente incluyen la tramitación de un proyecto de ley para tipificar el delito de desaparición forzada de personas y otro que otorgue acceso a los archivos del Informe Valech por parte de los tribunales de justicia y el Plan Nacional de Búsqueda.
