La Fiscalía argentina solicitó este lunes una pena de prisión de 12 años y la inhibición perpetua para ocupar cargos públicos para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas cuando era mandataria (2007-2015).
“Se solicita se condene a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, asesorías legales y pago de las costas por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de sociedad ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública que concurren de manera real”, anunció el fiscal federal Diego Luciani en el final de la novena audiencia por la Causa Vialidad.
El Ministerio de Público acusa a Fernández de ser jefa junto a su marido el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) de una asociación ilícita integrada por el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido (2003-2015), entre otros funcionarios, que presuntamente orientó la atribución de licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur), en favor del empresario Lázaro Báez.
“Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia”, dijo Luciani antes de plantear el petitorio y añadió: “Su condición de presidenta de la nación en el momento de los hechos hace que haya defraudado al Estado y a sus votantes. Era la máxima autoridad. Interpuso su interés personal sobre el interés público”, agregó el fiscal.
La Fiscalía solicitó además 12 años de prisión para el empresario Lázaro Báez y 10 para años para el exministro Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas, José López, y para el extitular de la Dirección Vialidad Nacional, Nelson Periotti.
El petitorio incluye además una condena de seis años de prisión para Carlos Villafañe y Mauricio Collareda; cinco años para Osvaldo Daurich y Raúl Pavesi; cuatro años Claudio Abel Fatala y Raúl Santibañes; y tres años de prisión en suspenso para Héctor Garro.
Por su parte, el fiscal federal Sergio Mola aseguró que el fraude contra el Estado fue de 5.321 millones de pesos, unos 926 millones de dólares aproximadamente.
En ese sentido, la Fiscalía solicitó el decomiso de las ganancias obtenidas por los delitos cometidos por todos los acusados.
También se pide confiscar todos los bienes del grupo Báez “porque fueron adquiridos de forma simultánea con las maniobras investigadas”, detalló el Ministerio Público.
Por su parte, la vicepresidenta Cristina Fernández pidió este lunes ampliar su declaración indagatoria.
“En abierta violación del principio de defensa en juicio, (los fiscales) montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”, escribió la mandataria en la red social Twitter.
El fallo del tribunal se conocería antes de fin de año y en caso de que la vicepresidenta Cristina Fernández sea condenada no tendría inconvenientes legales para ser candidata en las próximas elecciones, pues la sentencia no quedaría firme y deberá ser revisada por la Corte Suprema de Justicia, lo que podría llevar años.
Lo mismo cabe con la inhibición perpetua para ocupar cargos públicos, por lo que no tendría inconvenientes para postularse a un cargo electivo en 2023.
