La serie de delitos violentos a los que se ha visto sometida la sociedad uruguaya, incontrolable a pesar del esfuerzo de las autoridades del país para impedir este flagelo, ha llevado a la propuesta de crear un fondo de ayuda a las víctimas y a sus familiares que generó controversias entre distintos sectores, pues en un principio se habló de parte del Poder Ejecutivo de conformar un impuesto sobre los sueldos, las jubilaciones y las remuneraciones de los reclusos que trabajan con el propósito de financiar el Fondo Nacional de Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos.
En declaraciones al diario EL PAÍS de Montevideo, el representante de los trabajadores ante el Banco de Previsión Social (BPS), Ariel Ferrari, sostuvo que “siempre los que viven de un salario o una jubilación son los que pagan. ¿Por qué no van a la ganancia de los bancos?”, preguntó.
En igual sentido se pronunció el diputado oficialista del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Carlos Coitiño: “Nunca incluyen a los empresarios”, dijo.
Ante estos desacuerdos el gobierno uruguayo emitió en las últimas horas un comunicado donde aclara que aún no se ha definido la fórmula para financiar este fondo de ayuda a las víctimas.
La comunicación oficial expresa lo siguiente:
Ante versiones que indican que ya estaría definido el nuevo instrumento impositivo destinado a financiar la reparación a las víctimas, el Ejecutivo informa que tal afirmación no es correcta. El proyecto de ley de reparación a las víctimas se mantiene en los términos originalmente definidos y el Gobierno tiene a su estudio diversas fórmulas para dicha financiación, que serán remitidas al Parlamento a la brevedad, finaliza expresando el comunicado de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay
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