El Tribunal Oral Federal N° 2 de Argentina dispuso el embargo preventivo de más de 100 inmuebles, terrenos, complejos hoteleros y participaciones societarias pertenecientes a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y a otros condenados en la causa de corrupción “Vialidad”, entre los que se encuentra el empresario Lázaro Báez.
La resolución judicial responde a una medida de carácter cautelar y patrimonial destinada a resguardar los fondos requeridos para reparar el daño económico causado al Estado.
El monto total fijado por la Justicia asciende a unos 685.000 millones de pesos (aproximadamente 500 millones de dólares), suma que los condenados deben restituir tras haber quedado acreditado el desvío de fondos públicos.
Entre los bienes inmuebles afectados por la disposición destaca el departamento de la calle San José 1111, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domicilio donde la exmandataria cumple actualmente la prisión domiciliaria vinculada a su condena.
La nómina cautelada incluye además propiedades en los barrios porteños de Recoleta y Puerto Madero —donde se identifican un dúplex, siete cocheras, un departamento y una baulera en el Complejo Madero Center a través de sociedades comerciales—, junto con múltiples terrenos y edificaciones situados en la provincia de Santa Cruz, entre los que figura el predio del Hotel La Aldea del Chaltén.
El tribunal remarcó en su fallo que esta medida no representa un remate inmediato de las propiedades ni modifica en esta etapa la titularidad formal de los activos. Su objetivo central es decretar la indisponibilidad jurídica de los inmuebles y sociedades para evitar transferencias, ventas o gravámenes que impidan el eventual decomiso definitivo de los bienes adquiridos o transferidos en el marco del entramado investigado.
Con este fallo, la Justicia frena los planteos de la defensa de la exmandataria, que buscaba acordar una reducción del monto total a devolver al erario público. La medida abarca también los activos que la expresidenta había traspasado a nombre de sus hijos con el fin de modificar la titularidad del patrimonio investigado, acción que derivó en la inclusión de ambos en las actuaciones judiciales de la causa.
