LIMA, 11 de mayo de 2026 — En un escenario que muchos analistas califican como el “peor de los mundos” para la estabilidad institucional, el Perú se encamina a un balotaje presidencial marcado por la sombra del radicalismo y un proceso electoral cuestionado. Roberto Sánchez, el principal operador político del expresidente golpista Pedro Castillo, disputará la presidencia contra la derechista Keiko Fujimori, tras un conteo de votos empañado por serias irregularidades que han puesto en jaque la legitimidad del sistema.
El retorno del golpismo y la alianza con el extremismo
Para diversos sectores civiles y políticos, la candidatura de Sánchez no es solo una opción de izquierda, sino una amenaza directa a la separación de poderes. Sánchez no solo ha reivindicado la figura de Pedro Castillo —quien purga condena por el golpe de Estado de 2022—, sino que ha construido su plataforma electoral de la mano de figuras antidemocráticas.
El pacto con Antauro Humala, líder etnocacerista que ha propuesto el fusilamiento de opositores y el levantamiento en armas contra la Constitución actual, es el punto que más alarma genera. Sánchez ha defendido esta alianza como un “frente de unidad”, pero analistas advierten que su victoria significaría la entrega del aparato del Estado a facciones radicales que buscan desmantelar el modelo republicano a través de una Asamblea Constituyente de corte autoritario.
Un proceso bajo sospecha
La llegada de Sánchez a la segunda vuelta se produce en medio de denuncias de fraude y “manejos oscuros” en la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Las principales irregularidades reportadas incluyen:
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Retrasos deliberados: Demoras de hasta cinco horas en la apertura de mesas en distritos históricamente adversos a la ultraizquierda.
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Omisión de antecedentes: Se ha revelado que Sánchez omitió en su hoja de vida ante el JNE una sentencia por falsedad ideológica, además de enfrentar investigaciones por el uso de recursos públicos durante su paso por el Mincetur.
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Actas impugnadas: Miles de votos en el interior del país presentan inconsistencias que el organismo electoral ha resuelto con una celeridad que despierta sospechas de parcialidad.
Peligro para la libertad
El discurso de Sánchez, cargado de ataques a la prensa independiente y promesas de “limpieza” en las instituciones judiciales que investigaron la corrupción del gobierno de Castillo, prefigura un gobierno de confrontación.
“No estamos ante un candidato de izquierda tradicional, sino ante un proyecto que busca capturar las instituciones para asegurar la impunidad de los responsables del quiebre constitucional de 2022”, señaló un exmiembro del Tribunal Constitucional.
Con un país polarizado y una economía que tiembla ante la posibilidad de un gobierno tutelado por el radicalismo de Antauro Humala, el Perú inicia un mes de campaña donde lo que está en juego no es solo un modelo económico, sino la supervivencia misma de la democracia peruana.
