Por Micaela Dotta.-
Hay una técnica narrativa muy antigua, anterior incluso a los decretos
presidenciales, que consiste en anunciar una buena noticia de forma tan entusiasta
que nadie note que también te están anunciando una mala. Se llama “enterrar el
plomo”. En periodismo es un vicio. En política pública, es una carrera.
El 1° de mayo de 2026 —fecha simbólicamente impecable, el Día del Trabajador,
qué poesía— entró en vigencia la nueva franquicia anual de USD 800 por persona
para compras en el exterior. Antes teníamos tres envíos de USD 200, libres de
impuestos. Ahora tenemos USD 800 anuales distribuibles en hasta tres envíos. El
gobierno lo presentó como una modernización. Los comunicados de prensa vibraron
de optimismo. Algunos titulares casi lloraron de emoción.
Lo que los titulares no lloraron, porque el llanto requiere cierta pausa para pensar, es
que todas las compras estarán gravadas con IVA, incluso dentro de la franquicia. El
22%, para ser precisos. Esos USD 800 que el Estado te regala con fanfarria de
trombón, vienen con un 22% de descuento incorporado en la letra chica. Es como
cuando un banco te ofrece una tarjeta sin costo de mantenimiento y después te
cobra por respirar en cuotas.
La justificación oficial fue impecable en su elegancia burocrática: el ministro Gabriel
Oddone lo describió como “un ajuste técnico para equiparar horizontalmente los
impuestos existentes”. “Ajuste técnico”. Dos palabras que en la historia de la
humanidad han precedido a cada recorte, cada tributo nuevo y cada reforma que
nadie pidió. Si alguna vez escuchás “ajuste técnico” en boca de un ministro de
economía, guardá la billetera. No importa dónde. Guardala.
Existe, claro, una excepción. Si comprás desde Estados Unidos y no superás los
USD 200 por envío, el TIFA —acuerdo firmado en 2007 durante la primera
presidencia de Tabaré Vázquez— te exonera del IVA. El único país del mundo con
franquicia VIP en Uruguay es Estados Unidos. Uno no sabe si aplaudir la coherencia
geopolítica o preocuparse por ella. Probablemente ambas cosas, en ese orden.
El mecanismo es perfecto en su diseño: te amplían el techo nominal para que
sientas que ganaste algo, y te bajan el piso real para asegurarse de que no ganaste
nada. Es la misma lógica que hace que una caja de cereales tenga un 30% “más de
contenido” y pese exactamente igual. El arte no está en el decreto. El arte está en el
packaging.
Pero hay más. Para acceder a la franquicia, el pago deberá realizarse con tarjeta de
crédito, débito o instrumento de dinero electrónico emitido por una entidad regulada
por el Banco Central del Uruguay. Y la titularidad del medio de pago debe coincidir
exactamente con la del destinatario del envío. El Estado no solo quiere saber qué
comprás. Quiere saber con qué plata lo hacés.
Y si pensabas refugiarte en la excepción estadounidense para esquivar el IVA
comprando en Shein o cualquier plataforma china: olvidate. Esas pagan el 22% sin
escalas. Pero incluso para las tiendas de EE.UU., la exoneración no es automática:
cada vendedor debe registrarse ante la Dirección Nacional de Aduanas, presentar
certificado notarial y acreditar residencia fiscal en suelo americano. La Cámara
Uruguaya de Couriers ya advirtió que ese requisito es, en la práctica, inviable para la
mayoría de los comercios internacionales. Tanto, que Aduanas tuvo que prorrogar
su aplicación hasta el 1° de julio para no colapsar el sistema. Traducción: la
excepción existe en el papel. En el carrito de compras, es otra historia.
Nadie dice que esto sea autoritarismo. Sería exagerado, dramático, impreciso. Lo
que es, con más precisión clínica, es la acumulación silenciosa de pequeñas normas
que juntas forman algo que se parece mucho a un inventario de tus decisiones de
consumo. No te prohíben nada. Solo te registran todo.
La libertad, en la versión contemporánea, no desaparece de golpe. Se administra.
En cuotas. Con un mínimo de USD 20 por envío
