La Cámara de Diputados de Brasil dio luz verde a un proyecto de ley que busca posicionar al país como un actor clave en la industria global de minerales críticos y estratégicos, al tiempo que fortalece la capacidad del Estado para supervisar inversiones y operaciones vinculadas a las tierras raras.
La iniciativa, aprobada este miércoles y enviada ahora al Senado, establece la creación de la Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos (PNMCE), un marco regulatorio orientado a estimular la explotación, procesamiento y transformación local de estos recursos considerados esenciales para sectores tecnológicos, energéticos y de defensa.
La aprobación ocurre en la antesala de la reunión prevista entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el mandatario estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, donde las tierras raras figuran entre los temas prioritarios de la agenda bilateral.
El proyecto contempla un conjunto de incentivos para atraer inversiones privadas y ampliar la capacidad industrial brasileña en un mercado dominado actualmente por China. Entre las principales medidas destaca la creación del Fondo de Garantía de la Actividad Minera (Fgam), respaldado inicialmente con R$ 2.000 millones aportados por el Estado para asegurar proyectos vinculados a minerales estratégicos.
Además, el texto prevé créditos fiscales federales por R$ 5.000 millones durante cinco años destinados a fomentar el procesamiento y transformación de estos minerales dentro del territorio brasileño, en línea con la estrategia del gobierno de agregar valor a la producción nacional y reducir la exportación de materias primas sin industrializar.
La propuesta también crea el Consejo Nacional para la Industrialización de Minerales Críticos y Estratégicos (Cimce), organismo encargado de definir qué proyectos serán considerados prioritarios y de actualizar periódicamente la lista oficial de minerales estratégicos.
El relator del proyecto, el diputado Arnaldo Jardim, defendió la iniciativa como una oportunidad para impulsar el desarrollo industrial brasileño y promover una economía circular basada en el reciclaje de componentes tecnológicos. Según explicó, la llamada “minería urbana” permitirá recuperar minerales presentes en residuos electrónicos, baterías usadas, vehículos fuera de circulación y desechos de construcción.
Jardim sostuvo que Brasil debe aprovechar sus ventajas geológicas para desarrollar una industria con mayor valor agregado y dejar de depender exclusivamente de la exportación de recursos naturales. “Tener una política para recuperar estos minerales es tan importante como tener una política para extraerlos”, afirmó durante el debate parlamentario.
El texto también otorga al Poder Ejecutivo facultades para bloquear acuerdos con empresas extranjeras que puedan representar riesgos para la seguridad económica o geopolítica del país. Asimismo, el gobierno tendrá capacidad para intervenir en cambios de control accionario dentro de compañías vinculadas al sector.
El autor de la propuesta, el diputado Zé Silva, defendió el equilibrio entre participación estatal e inversión privada. Según indicó, el objetivo es proteger los recursos estratégicos brasileños sin avanzar hacia un modelo de monopolio estatal.
Brasil posee las segundas mayores reservas de tierras raras del mundo, solo por detrás de China, aunque todavía enfrenta limitaciones tecnológicas e industriales para procesarlas a gran escala. Estos minerales son fundamentales para la fabricación de vehículos eléctricos, turbinas eólicas, teléfonos inteligentes, sistemas militares y otras tecnologías consideradas estratégicas en la transición energética global.
En ese contexto, el gobierno de Lula ha manifestado interés en atraer capital extranjero para desarrollar el sector, aunque insiste en que la industrialización y procesamiento de las tierras raras se realicen dentro del país.
