La pregunta que hoy resuena en las calles de Brasil y en las redes sociales no es solo legal, sino existencial para la democracia brasileña: ¿quedan aún jueces independientes en el Supremo Tribunal Federal (STF)? La reciente votación de los magistrados Alexandre de Moraes y Cármen Lúcia para condenar a Eduardo Bolsonaro a un año de prisión parece confirmar los peores temores de la ciudadanía sobre la politización de la justicia.
El caso: ¿Difamación o inmunidad parlamentaria?
El origen de la condena es una publicación de 2021 donde el diputado Eduardo Bolsonaro cuestionaba los intereses detrás de un proyecto de ley sobre productos de higiene femenina impulsado por la diputada Tabata Amaral. Lo que en cualquier democracia funcional se debatiría bajo el amparo de la inmunidad parlamentaria, en el Brasil actual se ha transformado en un proceso penal con una severidad inusitada.
Las alarmas de la parcialidad
Lo que convierte este fallo en un escándalo ético no es solo la interpretación de la ley, sino los vínculos personales que rodean el estrado:
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Vínculos de amistad: Resulta difícil sostener la apariencia de imparcialidad cuando circulan imágenes del juez Alexandre de Moraes celebrando en la boda de la demandante, Tabata Amaral. El principio básico de la justicia dicta que un juez debe excusarse si existe una relación personal con las partes. Aquí, no solo no hubo inhibición, sino que Moraes lideró el voto condenatorio.
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La “Obsesión” con los Bolsonaro: Para gran parte de la opinión pública, existe una fijación sistemática del STF —especialmente de su Sala Primera— contra la familia del expresidente Jair Bolsonaro. La celeridad y la dureza con la que se actúa en estos casos contrasta drásticamente con la lenidad mostrada en otros procesos vinculados al actual oficialismo.
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El bloque de la Sala Primera: Con cinco jueces percibidos como aliados ideológicos del gobierno de Lula da Silva, el tribunal parece haber renunciado a su rol de árbitro neutral para convertirse en un actor político más.
Un precedente peligroso
Al ignorar la inmunidad parlamentaria —una garantía fundamental para que los legisladores puedan fiscalizar y opinar sin miedo a represalias judiciales—, el STF está enviando un mensaje disciplinador a la oposición.
«¿Se imaginan ser condenados por una jueza que es amiga de quien los demanda?», cuestionó Eduardo Bolsonaro.
Esta frase resume el sentimiento de indefensión de millones de brasileños. La justicia no solo debe ser justa, sino también parecerlo. Cuando los magistrados asisten a las fiestas de los demandantes y votan contra sus adversarios políticos, la confianza en las instituciones se erosiona irremediablemente.
Conclusión
Si el STF continúa por esta senda, el riesgo no es solo la condena de un diputado, sino la muerte civil de la justicia independiente en Brasil. La “asociación” percibida entre el poder ejecutivo y el judicial crea un clima de inseguridad jurídica donde la ley se aplica según la cara del acusado y la agenda del magistrado. El 28 de abril sabremos si el resto de la Corte tiene la valentía de corregir este rumbo o si terminarán de sepultar la credibilidad del máximo tribunal del país.
Brasil se enfrenta a un espejo peligroso: el de una justicia que, en su afán por castigar a un sector, termina castigando a la propia democracia.
