Gobierno español aprueba la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial

El Consejo de Ministros de España, ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, que pretende mejorar los canales de financiación de las empresas, en especial, de las pymes.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que “se da a las pymes, que son mayoritarias en nuestro tejido empresarial y en la creación de empleo, facilidades para superar los problemas derivados de la ausencia de financiación”
Los objetivos de la ley, según ha avanzado, son “hacer más flexible y más accesible la financiación bancaria, sentar las bases para fortalecer otras fuentes de financiación no bancaria y reforzar las competencias supervisoras de la Comisión Nacional del Mercado de Valores”.
En esta línea, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha recordado que, en España, las empresas obtienen el 75% de la financiación de los bancos, por lo que considera importante que diversifiquen las fuentes para no depender tanto de estos.
La norma aprobada hoy establece que la entidad de crédito que quiera reducir la financiación a una pyme que esté al día en el pago de sus obligaciones tendrá que comunicárselo tres meses antes. De Guindos ha subrayado que la pyme podrá requerir al banco su historial de pago, que incluya una calificación crediticia.
El ministro también ha anticipado que la ley establece un régimen “mucho más eficaz, rápido y ágil” en lo relacionado con las garantías recíprocas. Además, la norma extiende a los establecimientos financieros de crédito los baremos de supervisión y solvencia aplicables a los bancos.
Luis de Guindos ha indicado que se reforma el régimen jurídico de las titulizaciones para simplificarlas y hacerlas más transparentes: “El activo subyacente era la concesión de hipotecas. Intentamos favorecer que el activo subyacente sea también la concesión de préstamos a pymes”.
Para fomentar nuevos instrumentos de financiación, el ministro ha señalado que se potencia el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Para ello se flexibilizan los requisitos para que las empresas pasen del MAB al mercado continuo, es decir, a la Bolsa. Así, cuando la capitalización de la empresa que cotiza en el MAB alcance el umbral de 500 millones de euros automáticamente tendrá que pasar a la Bolsa.
“Crowdfunding”
La norma crea, por primera vez en España, un régimen jurídico para las plataformas de internet que promueven la denominada financiación participativa o crowdfunding. “Establecemos la regulación de estas plataformas para que sean transparentes, proporcionen o faciliten la conexión entre los proyectos de inversión y los inversores, de tal forma que tendrán que ser autorizadas y supervisadas por la CNMV con apoyo, especialmente en la actividad de préstamos, del Banco de España”, ha dicho de Guindos.
El ministro ha explicado que se distinguen dos tipos de inversores: los acreditados y los no acreditados. Los acreditados son las instituciones, las empresas que superen un millón de euros de activo, dos millones de cifra de negocio o 300.000 euros de recursos propios, así como todas las personas físicas o jurídicas cuyos niveles de renta superen los 50.000 euros al año o tengan un patrimonio superior a 100.000 euros y soliciten expresamente este tratamiento. El resto son inversores no acreditados y no podrán invertir globalmente más de 10.000 millones de euros al año en proyectos que no superen el umbral de los 3.000.
De Guindos ha argumentado que el crowdfunding es una forma de financiación novedosa, pero necesita transparencia y una serie de controles para que “los inversores que puedan tener una menor cultura financiera cuenten con un protección especial”.