En el caso contra Francia por la prohibición del uso del burka en los espacios públicos, el Tribunal consideró que no había habido violación de la Convención. El caso se refiere a la denuncia de una ciudadana francesa, que es musulmana practicante, que ya no se le permite llevar el velo integral en público tras la entrada en vigor, en 2011, de una ley que prohíbe la ocultación de la propia cara en público lugares.
La Corte subrayó que el respeto de las condiciones de “vivir juntos” era un objetivo legítimo de la medida en cuestión y que, en particular porque el Estado tenía un montón de espacio de maniobra (“un amplio margen de apreciación”) en cuanto a esta política general cuestión sobre la que no había diferencias significativas de opinión, la prohibición impuesta por el Derecho francés no violó la Convención.
El Tribunal considera que el gobierno tiene el derecho “de identificar a las personas para prevenir atentados contra la seguridad de los individuos y los bienes y luchar contra el fraude de identidad”.
Opinión
