El objetivo de la norma es reforzar la protección del medio ambiente, agilizar los procedimientos de evaluación ambiental y establecer una legislación homogénea en toda España. La medida, según el gobierno, favorecerá la creación de 80.000 empleos y supondrá un impacto económico de unos 1.000 millones de euros.
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, que unifica las leyes de evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha manifestado que esta norma ejecuta muchas de las medidas recogidas en el informe sobre la Reforma de las Administraciones Públicas. En este sentido, ha apuntado que “simplifica y agiliza la tramitación de los expedientes e intenta reducir la dispersión legislativa y la disparidad de procedimientos que hay en esta materia”.
“Lo que se hace es incrementar la seguridad jurídica con una legislación mucho más clara y homogénea” con carácter general en todo el territorio y busca una “mayor colaboración entre todas las administraciones”, ha dicho.
En el mismo sentido, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha añadido que es una ley “técnicamente más perfecta y plenamente garantista” y pretende favorecer la unidad de mercado y la labor de los operadores económicos que actúan en el territorio español.
Objetivos de la reforma
Miguel Arias Cañete ha señalado que, con el objetivo de reforzar la protección medioambiental, se incrementa la participación de todos los agentes económicos y sociales en los procedimientos. Además, se establece la evaluación obligatoria de los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica, el denominado “fracking”.
Asimismo se refuerza el nivel de calidad de los documentos ambientales. “Los operadores conocerán con enorme anticipación cuál va a ser el grado de tecnificación que requieren los documentos que tienen que presentar y estos tendrán carácter homogéneo en todo el territorio nacional”, ha asegurado Arias Cañete.
El ministro también ha apuntado que la futura ley impulsará el desarrollo sostenible porque “se van a crear cerca de 80.000 empleos con un impacto de 1.000 millones de euros sobre la actividad económica”.
Arias Cañete ha concretado que en la actualidad hay casi 10.000 expedientes en las distintas administraciones públicas pendientes de evaluación ambiental, cuya tramitación media es de 3,4 años. En su opinión, estos tiempos de tramitación son muy largos y “si se agilizarán tendríamos un crecimiento del empleo y de la actividad económica importante”.
Por ello la norma ajusta los tiempos de tramitación a cuatro meses para la evaluación de impacto ambiental ordinaria y se establecen como potestativos algunos trámites que antes eran obligatorios.
Por otra parte, el proyecto de ley establece un modelo básico de evaluación ambiental para homogeneizar la normativa en esta materia. El ministro ha indicado que la norma entrará en vigor en la Administración General del Estado “inmediatamente”, mientras que las comunidades autónomas tendrán un plazo de un año para adoptarla.
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